Washington Abdala

Este no está siendo el país en el que me gusta vivir. No lo es porque, entre otras cosas, cada día me siento más distante con lo que aquí sucede. Y no es sólo un tema referido al gobierno de turno, sino que es a partir del gobierno de turno que la sociedad va tomando un giro que produce malestar generalizado. La izquierda ganó primero una batalla cultural y, luego, la política. Pero para ello fue cambiando cabezas de mucha gente, ambientando un estado de tensión, en el que simpatizar con los partidos históricos pasó a ser poco menos que traición a la Patria. Eso envenenó el alma de buena parte del país y generó un daño tal vez irreparable.
Estamos en una sociedad en la que el individualismo es cada vez más fuerte, en la que la solidaridad social sólo funciona si el Estado la impulsa y donde el miedo al atardecer es cosa de todos los días, porque no hay uruguayo que no haya vivido —él o alguien cercano a él— una situación de violencia. Es, también, una sociedad donde las clases medias le temen a “los marginados” y donde la ciudadanía tiene pánico del gobierno por su afán fiscalista. Es una sociedad en que reina la desconfianza y en la que no hay demasiada fe en el futuro. Con frialdad, despojadas de toda emoción partidaria, las cifras de los que se van dan cuenta de ese fenómeno: más de 18.000 uruguayos por año desisten de dar la pelea acá. Y esto sigue así aun en estos años de supuesta felicidad progresista.
Además, cada vez nacen menos niños. De los 55.000 de hace siete años, ahora andamos por los 47.000. Y la mitad de estas criaturitas nacen en hogares pobres. (¿Se acuerdan de aquel machacón discurso acerca de la “infantilización de la pobreza”? Bueno, hoy sigue exactamente igual, o peor, y nunca se dedicó tanto dinero con tan poco resultado específico).
No lo niego; el gobierno tiene todavía una fuerte capacidad de resistencia porque sus simpatizantes poseen un “aguante” increíble y porque son muchas décadas de socialización negativa hacia los partidos tradicionales. Pero siempre hay un principio del fin.
Intuyo que estamos en ese tiempo bisagra. Tiempo en el que, a pesar de todos los esfuerzos que el gobierno hará por las buenas y por las non sanctas, el imaginario colectivo se empieza a dar vuelta en contra de los gobernantes. ¿Habrá sido que generaron un exceso de expectativas y luego la realidad los asfixió? ¿Será la poca generación de empleo y que el generado es de baja calidad? ¿Habrá sido el IRPF? ¿Habrá sido el estilo del Presidente y de su Ministro de Economía, que de tan soberbios terminan siendo agresivos hacia quienes no los votaron? ¿Habrá sido la saturación mediática de tanto gobernante haciéndose el autobombo a las 8 de la noche, todos los santos días? ¿Habrá sido ese estilo gauche caviar que ensimismó al gobierno entre secretarias, autos oficiales y viajes por el mundo? ¿Habrán sido las faltas de probidad moral de varios funcionarios o los casos de corrupción que los dañaron? La verdad, no sé lo que haya sido. Sólo sé que no imaginaba este escenario hace poco tiempo. Soy de aquéllos que ingenuamente creía que había una sólida intelligentsia de izquierda, de rango académico tipo grado 5, que se iba a llevar el mundo por delante y que iba a cumplir con rigor buena parte de lo prometido. Pensé, genuinamente, que había Frente Amplio para un largo rato.
Es curioso, porque las señales que emitían desde hace décadas hubieran sido suficientes para advertir que no era así y nada de eso iban a lograr. Ni en la Universidad de la República, donde reinan desde hace por lo menos medio siglo, ni en el Municipio capitalino, donde gobiernan hace casi dos décadas, se han caracterizado por hacer las cosas bien. Más bien —es a todas luces evidente— todo lo contrario. Pero yo era de aquéllos que se resistían a creerlo. Sentía que tenían cuadros inteligentes, individuos creativos y un potencial juvenil que era envidiable. Nada de eso apareció a la hora de gobernar, empero. Ganaron las lógicas de poder y los ministerios son cotos de caza de los sectores partidarios del Frente. Canibalizaron el gobierno de manera feroz. Los comunistas para el MIDES. Los socialistas para Cancillería. Y así sucesivamente en toda la Administración. La gente creativa la deben de tener escondida en algún oscuro lugar de la Administración, juntando sellos. Y a los jóvenes los pusieron en el cuartito de atrás, porque la gerontocracia frentista ocupó todo los cargos de relevancia y los cargos intermedios de manera obscena. Inclusive, de las mujeres que han promovido, no hay ninguna que tenga menos de 50 años. No eran tan “progre” como alguna gente creyó.
No, francamente no han hecho las cosas bien. Es insólito —e imperdonable— fracasar en tiempos de expansión económica. Es raro y casi hasta difícil hacerlo. Pero el gobierno lo viene haciendo. La pobreza y la indigencia no bajan demasiado y eso que se gastaron varios cientos de millones de dólares en clave de subsidio al boleo, al mejor estilo peronista. La indigencia, en realidad, está estática. No se mueve. Y ahora empiezan las explicaciones de naturaleza “estructural”, esas que parecen de manualcito soviético. La mortalidad infantil estaba en el 10,6 por mil en el 2006 y el año pasado llegó al 12 por mil.
A su vez, la escalada de precios la vive todo el país, aunque golpea a los más vulnerables con mayor dureza. Y mientras en Europa la inflación es del 6%, acá es del orden del 30% en dólares. Y la rapiña —principal delator de un clima de tensión espantoso, que no es sensación sino vivencia y convicción ciudadanas— subió un 3,5 % en 2007 con relación al 2006. Estos son indicadores concretos, desapasionados, que dan cuenta de los problemas que afectan a uruguayas y uruguayos —como gusta decir al gobierno— de manera objetiva. Los números son del gobierno, no son invento nuestro.
Así no anda un país. Con estas señales, nada bueno se puede divisar en el corto plazo, porque es evidente que hay una amenaza de recesión planetaria; y no parece que se hayan hecho los deberes como para enfrentar ese ciclo con los bolsillos resistentes a los embates que, inevitablemente, vendrán. ¿Recuerdan cuando ante la devaluación brasileña la izquierda recriminaba al gobierno de la época que se debieron haber tomado medidas preventivas? Bueno, ¿y ahora cuál es la razón por la que el gasto público aumenta descomunalmente y no se analiza un paquete de medidas preventivas de lo que irremediablemente le sobrevendrá a la economía nacional, o sea, a todos los uruguayos?
Agreguemos a este picante menú el desastre en materia de política laboral que se viene generando. Han legalizado las ocupaciones y, de esa forma, han roto el impulso hacia el equilibrio entre capital y trabajo que el Estado debe promover para, de ese modo, estimular las inversiones que generan empleo, salarios y una oferta de bienes y servicios que compense la expansión de la demanda. El gobierno es un aliado (¿o aliado-rehén?) del PIT-CNT y todos sus afiliados amparados por el fuero sindical, en un régimen de virtual inamovilidad. En serio, ¿quién va a venir a un país en que la cancha está flechada y en la que el inversor sabe de antemano que entra a jugar ya con 3 ó 4 goles en contra? ¿Cuáles son los ejemplos de inversiones generadoras de trabajo de alta calidad y mucho volumen de las que el gobierno se enorgullece y que sean auténticas de este período? ¿Y cuáles las que hayan tenido lugar en condiciones normales de mercado, en vez de hacerlo asociándose con el Estado, de un modo u otro, y así lograr excepciones respecto del régimen general para compensar, así, esos “goles en contra”?
Sí, efectivamente es un panorama desalentador. Pero eso es, precisamente, lo que lo hace desafiante para nosotros. Los batllistas nos resistimos a que la República quede peronizada. Nos resistimos a creer que no hay un mejor destino para nosotros y para nuestros hijos en esta tierra. Y por eso estamos produciendo estos materiales, que son de rango analítico, y que buscan, desde aproximaciones críticas, avanzar hacia propuestas que en algún momento ambicionamos que el país las procese. No son propuestas acabadas, terminadas. Son sí el puntapié inicial de una mirada que tiene que ver con nuestras concepciones pero que aspiramos a enriquecer con otros aportes y con correcciones que vayan arribando.
Los batllistas nunca nos sentimos iluminados ni titulares de la verdad por derecho divino. Nunca sentimos que teníamos el monopolio de la verdad. Esa cosa mesiánica de creer que la razón es de uno solo es más un asunto psiquiátrico antes que de gente sensata. Por eso abrimos este espacio, para debatir estos documentos que estarán en nuestro weblog y que, periódicamente, iremos debatiendo de manera abierta con aquellas personas de buena voluntad que trabajan —al igual que nosotros— por un tiempo mejor, más inclusivo y más respetuoso de todos en este país. No otro es el objetivo que nos mueve. Nos podrán creer o no, pero esa es la realidad: contribuir a hacer las cosas bien en un país que se viene acostumbrando a hacerlas mal.

EL URUGUAY PRODUCTIVO

La política supone la búsqueda y la administración del poder. Pero también supone la construcción de legitimidad para su conquista y ejercicio. Y la construcción de legitimidad no se reduce a la conquista de simpatías ciudadanas. Se trata de obtener consentimiento, tarea de dimensión antropológica, que involucra construir un imaginario a través de la proyección de valores e ideas-fuerza sobre el conjunto de la sociedad. En suma, ejercicio de liderazgo y construcción de cultura.
A principios del siglo pasado, los colorados supimos hacerlo con éxito. Pero carecimos de ese impulso en la segunda mitad de ese siglo. No porque la orientación de las políticas proyectadas y ejecutadas fuera incorrecta —muy por el contrario— sino porque esa orientación no estuvo acompañada de esa formidable capacidad de generar un nuevo imaginario que sí tuvieron los colorados de José Batlle y Ordóñez. La consecuencia de ello fue un modelo económico-social correcto, pero carente de legitimidad suficiente.
Precisamente, el imaginario uruguayo identifica la aparición del estatismo con la gestión y prédica de don José Batlle y Ordóñez y sus epígonos, aunque el intervencionismo estatal precede al primer batllismo en varias décadas. Sin embargo, puede concederse que ese intervencionismo estatal trasciende decididamente la mera ejecución de políticas para adquirir el de ideología nacional a partir de la formidable obra de don José Batlle y Ordóñez, consolidándose a lo largo de sucesivos gobiernos, tanto batllistas como no batllistas. Esa ideología se nutrió de diversas fuentes, abrevando tanto en el racionalismo espiritualista krausiano, como en el solidarismo, en las ideas socialistas y también, en especial a partir de 1933, en las experiencias corporativistas europeas, que constituyeron un poderoso foco de seducción política para muchos de quienes acompañaron la ruptura institucional del 31 de marzo de 1933.
Entre las virtudes de ese modelo podemos citar la integración social y la afirmación del pluralismo político, una vez finalizado el ciclo de guerras civiles y la ruptura institucional de 1933.
Pero como contrapartida, se estimuló una cultura de búsqueda de la seguridad y de aversión al riesgo, así como la ilusión de que Uruguay era una nación irrepetible y la creencia de que el Estado debía —y podía— constituirse en el gran proveedor de felicidad colectiva e individual, eludiendo toda reflexión en torno a que alguien necesariamente tenía que pagar la cuenta.
Aquel modelo de desarrollo, naturalmente, requería ciertas fuentes de financiamiento que aseguraran su viabilidad. Y éstas debían ser el comercio exterior y la inversión extranjera. Pero el propio modelo se encargó de obliterar esas fuentes. En tal sentido, la implantación del control de cambios, en 1931, a impulsos de colorados batllistas y no batllistas, luego devenido control de exportaciones e importaciones, el galimatías de los tipos de cambio múltiples, así como otras decisiones —adoptadas a lo largo de las décadas sucesivas— que profundizaron el dirigismo, resultaron en una autoinflingida capitis diminutio para comerciar internacionalmente, obturándose así una de las principales fuentes de crecimiento económico y de financiamiento del propio modelo.
Así, el estancamiento —consecuencia inevitable de un régimen autárquico— llegó a mediados de los años 50, sorprendiendo al Partido Colorado sin modelo alternativo.
En los años 60 comienza a insinuarse la emergencia de un nuevo modelo de desarrollo que pusiera fin a la imposible autarquía de la economía uruguaya y, por esa vía, lograr salvar aquellos aspectos sustantivos del antiguo y ya inviable modelo. Ese nuevo modelo reconoce una matriz liberal y se sustenta en la disciplina fiscal y monetaria y en una economía progresivamente abierta, aunque procurando preservar el núcleo duro de los instrumentos de aquellas políticas “amortiguadoras” que sin duda habían arrojado resultados positivos. Al Estado ya no se lo concibe como el hacedor directo de la prosperidad, ni como el proveedor de última instancia, sino como al garante de los equilibrios y el árbitro ante los conflictos de interés en defensa del interés general. No es el “Estado mínimo”, al decir de Guy Sorman, no es un “Estado desertor”, pero ya no es —en esta nueva concepción— el gran decisor discrecional.
Ese esfuerzo, sin embargo, no fue acompañado de una estrategia de incorporación de nuevos valores e ideas-fuerza que permitieran ir construyendo una base de legitimidad para ese nuevo modelo de desarrollo. No fue acompañado en el plano nacional, pero tampoco lo fue en el plano partidario, lo que condujo a la pérdida de convicción de la militancia, que tampoco entendía por qué el cambio.
En otros términos, el sueño estatista no fue reemplazado por otro, sino —apenas— por una batería de políticas. La ejecutoría de gobierno no generó ideología explícita. Y en lugar de apelarse a un discurso entusiasta, que subrayara las virtudes y posibilidades que el nuevo modelo nos abría, se optó por un discurso “posibilista”, de conciencia culpable y que pedía paciencia para retornar al pasado en que el gasto público era la llave de la felicidad. Cada tanto se sucumbía a la demanda de mayor gasto, para retornar poco después al inevitable ajuste.
La izquierda marxista, que nunca contó con un modelo de administración del capitalismo, por cuanto su objetivo histórico era reemplazarlo por el socialismo, echó mano de un discurso afín con el imaginario uruguayo. Y lo hizo con éxito. En suma, se apuntaba a conservar aquellos aspectos más característicos del instrumental político “batllista” (empresas públicas, monopolios, autarquía) y a la profundización de los costados socialistas del modelo estatista. De allí que el derrumbe del mundo socialista de los 90, lejos de afectar la imagen de la izquierda, la fortaleció. Porque le permitió desprenderse de la pesada mochila marxista y exhibir la defensa del Estado Batllista como su gran proyecto, en sintonía con un imaginario nacional que convirtiera al pasado en utopía.
El Partido Colorado, hoy, enfrenta un enorme desafío. No exclusivamente el Partido Colorado, también el Partido Nacional y los sectores frenteamplistas que —más allá de diferencias concretas— han comprendido cabalmente cómo funciona el mundo. Pero a nosotros nos preocupa el futuro del Partido Colorado. Y ese enorme desafío tiene, por lo menos, dos componentes fundamentales que deben emprenderse simultáneamente:
1) generar una plataforma programática viable y creíble, dirigida a cortar los nudos gordianos que aún continúan entorpeciendo el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad próspera.
2) desarrollar una estrategia de naturaleza cultural, que rompa mitos y genere entusiasmos, a efectos de que no vuelva a ocurrirnos lo de antes: políticas correctas, pero dotadas de una legitimidad extremadamente débil.
En tal sentido, para comenzar a trabajar por el logro de legitimidad para las orientaciones que estimamos correctas debemos comenzar por casa. Explicando claramente a nuestros militantes y simpatizantes en qué consisten esas orientaciones en materia económica y social, que no son diferentes de las que el Partido viene desarrollando desde 1985 a la fecha: modernización de las estructuras del país, dotando a sus diferentes actores de mayor autonomía para desarrollar su creatividad, generando mayores oportunidades para todos, a la vez que preservar —sin perjuicio de su necesaria y permanente modernización— los instrumentos sociales del Estado, a efectos de coadyuvar a que los segmentos ciudadanos más vulnerables puedan escapar de la exclusión económica y cultural.
Pero para que estos instrumentos sociales operen adecuadamente, y no devengan en instrumentos de control político sobre esos sectores poblacionales vulnerables, es imprescindible generar esas nuevas oportunidades que mencionamos en primer término. Para ello, para contribuir al necesario debate programático partidario, ponemos sobre la mesa las siguientes iniciativas en tres área claves para la construcción del verdadero Uruguay productivo, uno que supere la mera calidad de muletilla política, sin contenido alguno.



1. PRODUCCIÓN, INVERSIÓN, EMPLEO Y SALARIOS

Los aspectos mencionados en el subtítulo se encuentran indisolublemente relacionados, junto a otros más, como —por ejemplo— la educación, la inserción internacional del país, la energía o las telecomunicaciones.
El oficialismo —aun antes de acceder al gobierno— hizo del eslógan “Por un Uruguay Productivo” uno de sus mantras favoritos. Pero como en otros casos, el mismo no ha sido más que una apelación hueca, que diferentes núcleos, tanto del gobierno como de sus asociados en la sociedad civil, han empleado con sentidos diversos, frecuentemente contradictorios y —no menos frecuentemente— como cobertura retórica para impulsar agendas ideológicas y/o crudamente corporativas.
Es claro, así, que para una buena parte de la izquierda, el “desarrollo productivo” consiste en brindar subsidios y extender el campo de acción del Estado empresario. No conciben el desarrollo de otro modo. Aún más: hay un rechazo apenas disimulado a cualquier emprendimiento productivo que no involucre la presencia estatal de un modo u otro.
Ese enfoque conduce, en el plano estrictamente económico, a la destrucción de riqueza y, por consiguiente, al empobrecimiento relativo de la sociedad en su conjunto. El impulso y/o el mantenimiento de actividades artificiales, que no pueden sobrevivir sin la asistencia estatal, sólo destruye riqueza, por cuanto supone una asignación ineficiente de los recursos de la economía. Sólo podría justificarse esgrimiendo poderosas razones de orden estratégico para el país. Razones que, a la hora de la verdad, suelen ser falacias dirigidas a encubrir la defensa de intereses particulares.
Pero además de esas nefastas consecuencias en el plano económico, también son nefastas las consecuencias de este enfoque en el plano político y cultural. Por lo pronto, concentra poder en el personal político y en la burocracia, minando los cimientos republicanos de la nación. Pero además de ello, genera una cultura social de dependencia respecto del poder del Estado. En definitiva, un proyecto económico estado-céntrico es esencialmente antirrepublicano y conspira no sólo contra la construcción de una sociedad próspera sino, también, de una sociedad libre.
Precisamente, cualquier gobierno debería contar entre sus grandes metas el desarrollo de las PYMEs y el trabajo independiente (autoempleo), mediante estímulos genuinos que supongan facilitar su creación y supervivencia. Y por razones muy poderosas.
En el plano socio-económico, las PYMEs y el trabajo independiente contribuyen a disminuir el desempleo (las PYMEs son las empresas que generan más puestos de trabajo, en Uruguay y en todo el mundo).
En el plano político, a su vez, tanto las PYMEs como el trabajo independiente diseminan la propiedad y, por consiguiente, el poder.
Y en el plano cultural —de primordial relevancia—, las PYMEs y el trabajo independiente permiten el desarrollo de una comunidad dinámica, conformada por individuos emprendedores y con un fuerte sentido de independencia personal, donde se establezcan auténticos lazos de cooperación y solidaridad, no la solidaridad retórica que opera como cobertura para el egoísmo corporativo y el estímulo a la mediocridad.
Empero, en el Uruguay de hoy, convertirse en pequeño empresario o en trabajador independiente es, al mismo tiempo, engorroso y caro. Así, el estímulo empuja a las personas a convertirse en asalariados. Y si se trata de asalariados públicos, tanto mejor. Ello conspira contra la innovación, contra el estímulo al espíritu emprendedor y contra la “construcción” de una sociedad de ciudadanos auténticamente libres, que no estén sometidos a servidumbres de naturaleza partidaria o sindical.
Aún peor: a través del malhadado IRPF, hoy Uruguay ha optado por castigar tributariamente no a los segmentos más ricos, ya que éstos cuentan con la capacidad de eludir eficazmente la voracidad fiscal, sino a los sectores más dinámicos de la sociedad. Ese es un lujo que Uruguay no puede darse. Porque el planteo filosófico del IRPF se reduce al terrible mensaje de que trabajar más duro para progresar no vale la pena.
Ese castigo al éxito personal es perfectamente consistente con una visión largamente arraigada en el “progresismo” criollo, que advierte en cada persona exitosa a un aprovechador malsano, a un abusador, que tiene la insolencia de elevarse por encima de la medianía. Es curioso —y absurdo— pero en esa visión —que la reforma tributaria recoge puntillosamente— si alguien hace fortuna con un golpe de suerte en un juego de azar y la invierte en papeles de deuda, no será interpelado por nadie. Pero si la hace mediante un esfuerzo emprendedor, creando riqueza para sí y para los demás, generando empleo y demandando suministros, automáticamente devendrá “enemigo”, merecedor de la desconfianza pública y del ensañamiento tributario estatal. Otra prueba de ello es que en el universo “progresista” —estrictamente retardatario— los emprendimientos desde la pobreza o la dificultad económica son mirados con simpatía, pero basta que alguno de esos emprendimientos comience a funcionar exitosamente y se independice de toda muleta, para que inmediatamente se lo comience a mirar de reojo y pase a estar bajo sospecha de traición ideológica. ¿Acaso es un secreto que la experiencia de FUNSA es intragable para buena parte de la “izquierda”?
Pero a esa impronta “roussoniana”, por así decirlo, esta reforma tributaria suma un margen de discrecionalidad gubernamental para dispensar favores de coyuntura, de acuerdo a las prioridades de orden político de los titulares ocasionales del Poder Ejecutivo. Se refuerza, así, la necesidad de los actores económicos no de ser más eficientes e imaginativos, sino de hacer méritos frente al poder de turno.
Por consiguiente, por un lado se consagra jurídicamente el mérito de la mediocridad y, por otro, se estimula la búsqueda del favor político. Todo un programa consistente con la implementación de un proyecto de poder hegemónico, sustantivamente antiliberal, que requiere una sociedad domesticada, donde nadie haga olas y todos miren hacia el poder como su principal proveedor de prosperidad.
Todo lo contrario a la filosofía que ha inspirado al Partido Colorado a lo largo de toda su historia. No en balde José Batlle y Ordóñez se oponía a todo impuesto al trabajo. Y por ello sostenía que “la felicidad pública sólo florece y se perpetúa donde cada ciudadano es un ser consciente y libre”.
En definitiva, un espíritu de rechazo al progreso e independencia creciente de las personas permea el conjunto de la gestión “progresista”. Y es lógico que así sea, porque una sociedad de individuos independientes se da de bruces contra la pretensión —cada vez más evidente— de construir un proyecto político hegemónico.
En materia de inversión, como señalara a fines del año pasado el economista Ernesto Talvi, existen severos riesgos de que Uruguay devenga una “economía de enclave”. Esto es, un país en el que existan importantes inversiones en determinados enclaves políticamente garantizados, como es el caso de Cuba con la industria turísitica, garantizada por un régimen dictatorial que negocia ventajas recíprocas con los inversores privados y les asegura un régimen especial (el enclave) en esa área de actividad.
Uruguay ha comenzado a generar enclaves, como el de las grandes inversiones en la industrialización de la madera para la producción de celulosa. Esos grupos económicos no arriban al país e invierten espontáneamente, en el marco del régimen jurídico comercial general, sino que demandan regímenes especiales (tratados de protección de inversiones, zonas francas, etc.). Y lo hacen porque el régimen general no es suficientemente atractivo para la concreción de esos megaproyectos.
Esta administración, lejos de mejorar el marco general, para reducir la necesidad de enclaves, lo ha agravado. La prohibición de que sociedades anónimas al portador sean titulares de inmuebles rurales, con las excepciones que el Poder Ejecutivo establezca, constituye un atentado a la igualdad de condiciones y abre la puerta a la corrupción, ya que radica en los titulares políticos del MEF y el MGAP nada menos que el ominoso “poder de la lapicera”, ese que permite discrecionalmente autorizar o no un emprendimiento a partir de un poder prácticamente discrecional.
El destino del empleo y los salarios, a su vez, está indisolublemente ligado a lo que ocurra con la inversión. Los salarios sólo crecen sostenidamente en la medida que la demanda de empleo crezca también sostenidamente, en las diversas ramas de actividad. La fijación administrativa de salarios (los Consejos de Salarios no son otra cosa que una variedad especial de fijación administrativa de salarios), descontextualizada de las condiciones concretas de cada rama de actividad —y aun de cada empresa— (productividad, situación de los mercados objetivo, tipo de cambio, etc.) termina conduciendo a la concentración empresarial y al desempleo.
Frente a las constantes referencias oficiales al crecimiento registrado en las inversiones, es notorio que se omite señalar que ello se debe, sustancialmente, a inversión extranjera en infraestructura ya existentes o en “enclaves” como los ya referidos. Pero no se advierte un crecimiento en la inversión doméstica, porque la hostilidad objetiva hacia las empresas (en lo laboral y en el respeto al derecho de propiedad) hace que cada decisión de inversión deba ser largamente meditada.
Las inversiones tampoco crecerán en forma significativa (nos referimos a las inversiones bajo un régimen general y no aquellas que se acercan por el otorgamiento de ventajas especiales) si Uruguay no adopta una decidida política de apertura e inserción en el mundo, terminando así con la dependencia de una región que no sólo nos ignora, sino que —en hechos y palabras— entiende que Uruguay está destinado a jugar un papel secundario y subordinado.
Si se conviene en el análisis precedente, el corolario natural del mismo deberá ser el impulso de políticas que alienten espontáneamente la inversión privada y, por su intermedio, la generación de emprendimientos en los más diversos campos del quehacer económico. En tal sentido, no hay mucho para inventar y las claves pueden resumirse en:

· Vigencia del Estado de Derecho.
· Estabilidad del universo normativo.
· Intangibilidad de los contratos.
· Igualdad en el tratamiento a todos los proyectos de inversión.
· Legislación regulatoria de la negociación colectiva equilibrada y estable (ver capítulo específico).
· Régimen tributario neutro, no invasivo y “liviano” (que no estimule la evasión ni la elusión), lo que supondrá necesariamente la derogación, más temprano que tarde, del IRPF.
· Gasto público que crezca menos que la economía.
· Marco normativo y tributario que facilite y aun estimule la creación y supervivencia de empresas, incluyendo, muy especialmente, las pequeñas y micro empresas y aun las empresas unipersonales.
· Promoción efectiva de la competencia en todos los mercados. La Ley de Libertad de Comercio y Preservación de la Libre Competencia, aprobada en este período e impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido un paso extremadamente positivo en el papel. Pero la misma no ha contado con una ejecución efectiva e, incluso, es contradictoria con otras políticas que se desarrollan desde el gobierno y que han terminado primado sobre el nuevo instrumento jurídico.
· Inserción internacional amplia y profunda, que facilite no sólo el incremento de los términos de intercambio del país sino —especialmente— un dramático incremento de la tasa de inversión, bajo un régimen general, tanto por inversiones extranjeras como locales.
· Sistema educativo que —esencialmente— aporte las bases para que los ciudadanos aprendan a aprender.


2. TELECOMUNICACIONES

El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (“TICs”) constituye uno de los sectores más dinámicos y con mayor capacidad de crear prosperidad, en forma directa e indirecta. En Uruguay, el desarrollo de este sector ha sido desigual. En el sector de la producción de software, por ejemplo, Uruguay ha exhibido un dinamismo que ha hecho punta en América Latina. Y lo ha hecho siguiendo las reglas del mercado. En cambio, en aquellas áreas en que ANTEL juega un rol monopólico o cuasi-monopólico, ese desarrollo se ha visto severamente limitado.
Un claro ejemplo de ello —afortunadamente superado— lo constituyó la telefonía celular. Antes de la liberalización de ese mercado —caracterizado por el duopolio colusivo de ANTEL y la entonces Movicom—, la telefonía celular constituía una tecnología sólo accesible para unos pocos. ANTEL llegó a considerar que la demanda estaba “satisfecha”, lo cual era un verdadero sinsentido. Considerar que una demanda se encuentra “satisfecha” sin contar con un sistema de precios producto de un mercado en régimen de competencia, es imposible.
Sin embargo, bastó que la administración del Partido Colorado tomara la revolucionaria decisión de romper ese duopolio, incorporando a un tercer actor (con la férrea oposición del Frente Amplio y del sindicato de ANTEL) y subastando los espacios radioeléctricos necesarios —brindando así transparencia al proceso— para que esa demanda que ANTEL estimaba “satisfecha” en realidad estallara, convirtiendo a esa TIC en un bien de acceso prácticamente universal en todo el país. El efecto profundamente democratizador de esa decisión política, constituye una prueba incontrastable del efecto perverso que, a la inversa, los mercados no competitivos tienen sobre el acceso a bienes y servicios por parte de la gente. Hoy nadie osa desafiar aquella decisión, salvo minorías asociadas al usufructo de rentas monopólicas, porque sus beneficios son tangibles y ostensibles, por más que la mezquindad política impida efectuar un reconocimiento expreso del error, como ha ocurrido también en otras áreas, como la portuaria.
Otro ejemplo, pero por la contraria, es el de la trasmisión de datos. Mantenida como un cuasi-monopolio de ANTEL, ha convertido el acceso a internet en un bien aún relativamente caro y de calidad mediocre. Ello no sólo dificulta el acceso a internet a buena parte de los uruguayos, sino que —por el mismo motivo— dificulta la creación de microempresas o empresas unipersonales que utilicen a internet como medio de trabajo y la posibilidad de llevar a cabo teletrabajo.
Esa presencia hegemónica —cercana a la configuración de un monopolio— surge de una política carente de todo sustento jurídico, consistente en sostener que en la medida que los datos viajan por las líneas de telefonía fija (en el caso del adsl), debe computarse al monopolio legal del ente ese servicio. En razón de tan caprichosa —como absurda— lectura del privilegio jurídico que conserva, ANTEL ha logrado minimizar y mantener bajo control la competencia que a su servicio telefónico suponen las llamadas y videollamadas por internet. Cuanto menos gente pueda acceder desde su hogar a internet, menor riesgo correrá el privilegio que se detenta.
Disminuir la brecha digital, empero, se transforma en un imperativo no sólo de naturaleza puramente económica, sino de naturaleza ética, porque los uruguayos —todos ellos— tienen derecho al acceso a los bienes culturales y a las posibilidades de progreso que significa internet. Esa brecha digital sólo podrá ser superada cortando de un certero golpe el nudo gordiano de un monopolio carente de sustento jurídico pero, por sobretodo, carente de sustento ético.
La explosión que experimentaría la demanda de acceso a internet —que nadie se atreve a calificar como “satisfecha”— si se produjera la liberalización de la trasmisión de datos, tendría efectos multiplicadores en los más diversos campos del quehacer nacional. Desde el desarrollo de un área de negocios específica, con la aparición de varias empresas dedicadas a la trasmisión de datos, la provisión de servicios de acceso a internet y la creación de servicios de valor agregado, hasta el florecimiento de una miríada de pequeñas empresas que, debido al abaratamiento del acceso a internet por la aparición de un mercado competitivo, podrían llevar adelante las más diversas actividades a distancia, estimulando así el trabajo independiente. En suma, una genuina liberalización de la trasmisión de datos supondría un salto cualitativo mayúsculo en la ampliación dramática de los márgenes de libertad de las personas.
Precisamente, de ello se trata, de que las personas sean cada vez más libres. Las empresas del Estado no son un fin en sí mismas. Su naturaleza es sustancialmente instrumental. En el caso concreto, ANTEL no puede ser defendida a costa de la libertad de la gente. Paradójicamente, una empresa que proclama entre sus objetivos “contribuir a la inclusión social por vía de las telecomunicaciones”, en realidad opera como un obstáculo al acceso democrático a tecnologías esenciales en el mundo de hoy.
Por consiguiente, se propone en el sector Telecomunicaciones:

Liberalización explícita de todos los mercados de las telecomunicaciones. En los hechos, el mercado de la telefonía fija seguirá siendo monopólico, por cuanto no reviste atractivo alguno para operadores privados. Empero, todos los servicios de valor agregado que pueden emplear la red de telefonía fija —como el de trasmisión de datos— deben poder desarrollarse por cualquiera, pagando un canon a ANTEL por el empleo de su red, el cual deberá ser fijado por la URSEC. Es cierto que la presencia hegemónica carece de sustento jurídico sólido —ya lo hemos señalado— pero a efectos de evitar tales equívocos interpretativos, un marco legal que explícitamente permita —e incluso estimule— la libre competencia en este segmento de mercado, constituye la solución ópitma para terminar con un estado de cosas claramente antidemocrático.

El efecto democratizador de una liberalización de esta naturaleza, también será profundo (como ocurrió con la telefonía celular) y probablemente hará más por la disminución de la brecha digital que varios Planes Ceibal juntos.

Creación de empresas diferentes a partir de las actuales unidades de negocio de ANTEL. Ello supondría la creación cuatro empresas distintas: de telefonía fija, de telefonía móvil, de trasmisión de datos y de larga distancia. Es una medida que impide subsidios cruzados (éstos deben ser explícitos y directos) y, además, evita el abuso de posición dominante.

Fortalecimiento institucional de la URSEC para que regule el mercado y estimule efectivamente la competencia (no para ayudar a ANTEL a frenar el progreso a efectos de que todos paguemos sus ineficiencias). Ello necesariamente supondrá otorgar ese organismo —al igual que a la URSEA— un estatus jurídico diferente al actual (el estatus ideal es el establecido por el art. 220 de la Constitución de la República). Precisamente, en un esquema de mercados competitivos en el área de las comunicaciones, el gran actor estatal deberá ser la URSEC, dotada de los mecanismos jurídicos, presupuesto e infraestructura necesarios para que se erija en un fuerte regulador de mercados, defendiendo a los consumidores frente a los proveedores de servicios, privados y estatales, por encima de cualquier otra consideración ideológica. En el campo de las telecomunicaciones, la URSEC hoy va detrás de ANTEL. En el esquema que proponemos, la URSEC devendrá el gran actor y ANTEL será un proveedor más, sujeto a las regulaciones de aquella como cualquier otra empresa.


3. ENERGÍA

El sector energético constituye uno de los más graves cuellos de botella que hoy enfrenta la región y, en particular, Uruguay. Nuestro país no puede sostener tasas de crecimiento importantes con la actual capacidad de producción energética. No sólo porque ésta ya es insuficiente, sino porque no habrá nuevas inversiones de envergadura si el país no es capaz de asegurar un flujo de energía abundante y a precios razonables.
Como en el sector Telecomunicaciones, el país hace mucho tiempo —demasiado— que es rehén de los intereses corporativos asociados a los monopolios —legal uno, ilegal el otro— que detentan ANCAP y UTE.
Por un lado, esos monopolios han transformado estrategias de puro cuño corporativo en estrategias de carácter nacional, en las reales políticas energéticas, tornando evidente así la acumulación de poder que esas burocracias han alcanzando (desafiando no sólo el orden institucional republicano, sino el ordenamiento jurídico mismo, como el descarado desconocimiento de la Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico que viene perpetrando hace más de una década la UTE, a vista y paciencia de todo el sistema político). Por otro, han impedido la innovación y la experimentación en materia de generación energética, quedando el país prisionero de esquemas que repetidamente se han demostrado como insuficientes y onerosos, esto es, ineficaces e ineficientes.
Uruguay no resiste más este estado de cosas. Porque contrariamente al “saber convencional” que la conjunción de esos intereses corporativos y los ideologismos trasnochados han sabido diseminar con éxito, la perpetuación de esos monopolios no ha hecho sino profundizar los lazos de dependencia del país, comprometiendo severamente su soberanía por ser ésta, la energética, una área estratégica del país. Adicionalmente, compromete el crecimiento económico, por cuanto la inseguridad en la provisión de energía constituye un factor —uno de varios— que ahuyenta cualquier inversión de envergadura en el campo productivo.
Sin duda alguna, al Frente Amplio le cabe una enorme responsabilidad en este estado de cosas. En el presente, desde ya, por la ausencia de una política decidida que exprese una estrategia concreta para superar ese cuello de botella. Pero el Frentea Amplio también tiene responsabilidades pasadas, por su colusión sistemática con aquellos intereses corporativos ya mencionados, oponiéndose a cualquier intento de introducir reformas imprescindibles. Hace poco, algunos han reconocido el error. Más vale tarde que nunca, pero el atraso al que contribuyeron decididamente es imperdonable, especialmente si de ese reconocimiento no se desprende acción alguna para enmendar el error.
Empero, sería muy sencillo —pero poco honesto— atribuir exclusivamente al Frente Amplio esta situación. Porque más allá del rol superlativo de esa fuerza política en la perpetuación de estos esquemas contraproducentes, no cabe la menor duda que las administraciones precedentes también tuvieron su cuota de responsabilidad. La Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico está vigente desde 1997 (fracasando el Frente Amplio y las corporaciones en su intento por derogarla), pero nunca llegó a avanzarse en su implementación, permitiendo en los hechos a UTE continuar ejerciendo el rol de decisor de facto de las políticas energéticas en el sector eléctrico. En tal sentido, los colorados no podemos mirar para el costado, como si hubiéramos sido meras víctimas de conjuras ajenas (aunque sí las haya habido) y no tuviéramos también —por omisión— nuestra cuota de responsabilidad.
Por consiguiente, se propone:

Instrumentación efectiva de la Ley 16.832 de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico de 1997. Hasta ahora se ha venido operando a tranco de pollo, como ya hemos dicho. Teóricamente el Despacho Nacional de Cargas (DNC) es manejado por la Administradora del Mercado Eléctrico, el ente a cargo de la administración del mercado mayorista de energía eléctrica, pero su operación efectiva sigue en manos de UTE. A fines de mayo de 2008, la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (AUGPEE) reclamó al gobierno que el DNC efectivamente pase a mano de ADME porque hoy UTE es juez y parte. Pero el gobierno avanza despacio mientras la crisis energética estrangula al país cada vez más. Cada tanto se licitan unos pocos MW (primero fueron 36, después 24), pero así no se va a lograr la conformación de un verdadero mercado mayorista. Es claro que para atraer inversiones en el área de generación de energía eléctrica se debe eliminar esos topes absurdamente bajos. Menos de 100 MW no hace atractivo el negocio. Hoy la UTE no acepta comprar 100 MW a privados —amparada en los topes fijados por el Poder Ejecutivo—, pero generarlos por sí misma le cuesta carísimo. No podemos seguir atados a esta política de la UTE —porque en los hechos es una verdadera política— del perro del hortelano: UTE no genera, porque no tiene cómo, pero no deja generar tampoco a los demás. En la filosofía corporativa que anima al ente, el apagón es preferible a la generación privada. Es imprescindible terminar de una vez con este estado de cosas y que se cree de una buena vez un mercado con reglas claras, transparentes y criterios objetivos, alejados de la discrecionalidad de la administración.

Fortalecimiento institucional de la URSEA (Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua), a efectos de que regule efectivamente el mercado proveedor de energía, en el mismo sentido que el ya señalado para la URSEC.

Creación de dos empresas distintas a partir de la actual UTE, ambas como personas de derecho público no estatal o, directamente, como sociedades anónimas. Una empresa concentrada en la generación de energía eléctrica, que operaría en régimen de competencia con los privados. Y otra empresa, que será por buen tiempo monopólica de hecho, a cargo de la trasmisión, transformación y distribución. Son tres áreas de negocios distintas que en el mundo frecuentemente son prestadas por unidades empresariales diferentes. Si dejamos a UTE como está, aun en régimen de competencia en el sector de generación, se estará induciendo a que se encubran las ineficiencias e incurra en abuso de posición dominante. Tal vez sea la ocasión para aprobar una nueva ley que amplíe aún más los márgenes de libertad establecidos en la Ley 16.832. Cuanta más libertad haya, en todos los segmentos de la cadena energética, más soberano será el país y mejores condicines brindará para la radicación de inversiones productivas, que generen empleos de calidad.

Derogación del artículo 27 de la Ley 16.832 de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico, que impide el desarrollo de la energía nuclear e iniciar inmediatamente estudios de prefactibilidad y de impacto ambiental para la instalación de una central nuclear en el plazo de una década.

Replanteamiento de una ley de desmonopolización y de asociación de ANCAP, finiquitando el proceso asociativo de facto que esa empresa ha desarrollado con la venezolana PDVSA en un marco de opacidad, que obedece más a razones de naturaleza ideológica antes que de eficiencia en la provisión de combustible al país. Si ANCAP debe asociarse (no es probablemente el mejor esquema), es imprescindible que el proceso sea transparente, como se preveía en la Ley 17.448, derogada en diciembre de 2007.

PROPUESTAS PARA UNA DISCUSION IDEOLOGICA COLORADA SOBRE POLITICA LABORAL

La discusión dentro del Partido sobre la problemática laboral es oportuna no meramente por el acercamiento de la instancia electoral, sino porque hemos asistido a un cambio recientemente operado entre 2004 y 2008 en el mercado de trabajo, que nos enfrenta a una estructura parcialmente diferente de la precedente; ello provoca cuestionamientos sobre el rol del Estado y la política pública que agitan tal debate. Los cambios de la realidad que destaco, en su mayor parte ocurridos durante este Gobierno, son:
a) Un crecimiento en la oferta y la demanda de mano de obra superior al 15% y un incremento en la masa salarial superior al 20%; es decir un salto en la escala sobre tamaño del mercado;
b) Diferenciación creciente del mercado laboral entre por un lado sectores modernos, casi todos vinculados con bienes y servicios transables, y por otro lado sectores informales y de baja competitividad. Las dotaciones y demandas de capital humano, las retribuciones pagadas y las reglas de funcionamiento tanto de relaciones colectivas como individuales son distintas.
c) Estancamiento de 500.000 trabajadores no insertos en la institucionalidad de protección social, fundamentalmente en el subsistema de seguridad social.
d) Surgimiento del movimiento sindical como operador de naturaleza más política que propiamente social.
e) Profundización de la negociación colectiva tanto en el ámbito privado como público, para la fijación de reglas de comportamiento en las relaciones laborales, con participación fuerte del Estado.
f) La extranjerización de medios de producción: ocurrió en una proporción no precisada pero, sin duda elevada del recurso tierra, y en empresas privadas de variada gama de actividades competitivas (frigoríficos, lechería, aceites, producción de madera, servicios portuarios, distribución de combustibles, etc.), lo que pone en riesgo la adecuación de las decisiones al interés nacional y a la estabilidad del empleo.
La primera pregunta es: ¿qué propuestas puede aportar el Partido Colorado a la sociedad civil, ante el estado de cosas cambiadas por esta administración frenteamplista? A) Algunas propuestas pasan por dar continuidad a políticas públicas ya tradicionales en el país, provenientes de administraciones superiores, o de continuar políticas iniciadas y/o mejoradas por este Gobierno. B) Otras políticas pasan por cambiar el rumbo y acentuación de la emprendida por este Gobierno. C) Otras debieran estar dirigidas a generar institucionalidad pública para dar mejor y más innovadora respuesta a problemas que hace años se vienen aplazando y representan frenos a la modernidad laboral.

A) El próximo gobierno debe, en primer lugar, continuar políticas públicas tradicionales de largo plazo, instauradas desde antes de este Gobierno: intervenir terciando en conflictos laborales, procurando autocomponer los litigios individuales y colectivos, a fin de promover el diálogo social y evitar la comisión de abusos, justicia por mano propia y el clima conspirativo contra la paz. Debe, además, ser factor compensatorio de oportunidades laborales frente a colectivos con desventajas notorias de inserción laboral exitosa: minusválidos, incapaces, excarcelados y carentes de instrucción formal. Debe invertir recursos en formación profesional y orientación laboral de personas desplazadas del mercado por cambio tecnológico u organizacional, o que están en grave peligro de ser desplazados. Y debe ejercer la policía del trabajo, a fin de hacer cumplir la legislación nacional e internacional sobre trabajo y seguridad social, aprobada por el Parlamento Nacional.
El efecto empleo ha sido tradicionalmente ponderado como factor de promoción del estímulo a las inversiones, pero en la práctica el Estado, ávido de impulsar cualquier inversión no especulativa, no ha sido selectivo en priorizar la recepción de aquéllas que respondan a un modelo predefinido de país. Dada la limitación de su potencial de producción, su carácter de tomador de precios internacionales y del bajo aprovechamiento de las economías de escala, se propone que el Estado ejerza el rol indicador de su política de promociones con la claridad suficiente como para que el capital humano, y no sólo el capital financiero, haga sus apuestas. Si nos convertimos o no en país sojero, no sólo procuremos alentar a los productores argentinos a plantar, capacitemos a nuestros jóvenes para aplicar procesos de transformación y conservación de vegetales, y estimulemos a nuestros empresarios para que inviertan en esta industria; si nos hemos convertido en productor de madera, profundicemos el desarrollo de la industria de los productos maderables. Si la producción cultural y los servicios informáticos tienen demanda regional auspiciosa, mantengamos o, aún, reforcemos su promoción; si la insuficiencia de energía es un cuello de botella serio para el desarrollo nacional, abramos el mercado de la generación y distribución, de tal forma que no sean sólo la UTE, la URSEA y la Dirección de Energía, sino que las oportunidades estén abiertas a quienes están en condiciones de apostar a profesionalizarse en esta área; y, en general, se prioricen actividades que aportan valor agregado y mano de obra capacitada para la generación de bienes y servicios transables con mayor aplicación de conocimiento.
El próximo gobierno deberá continuar alguna política en materia laboral iniciada por este gobierno: promover la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores de las actividades económicas rurales, a fin de llamarlos al mismo protagonismo en pie de igualdad que aquél que tienen las asociaciones profesionales de actividades económicas urbanas.
Deberá, además, continuar políticas laborales con antecedentes en administraciones pasadas, pero mejoradas en la presente: extender la ayuda económica asistencialista o subsidio prestado a las familias numerosas, complementando los ingresos provenientes de retribuciones laborales (asignaciones familiares); generar instancias de negociación real entre el empleador Estado y las organizaciones representativas de empleados públicos. Efectuar la reglamentación de derechos fundamentales en colisión (huelga, trabajo, propiedad, libertad de comercio e industria) confiriendo mayor certeza jurídica, aunque no sea del agrado de todos y a riesgo de tener que diferenciar situaciones semejantes. Debe, por fin, favorecer la inmigración laboral con los instrumentos jurídicos recientemente dictados, pero sólo si está en condiciones de aplicar eficazmente la condición suspensiva de la reciprocidad de trato laboral de nuestros connacionales en el extranjero, si no, no.
B) Otras políticas habrán de ser modificativas de las implantadas por este Gobierno. Al reimplantar el funcionamiento de los Consejos de Salarios, éstos han sobrepasado las funciones legalmente atribuidas (fijación de salarios mínimos por categoría y solución de conflictos); la aplicación de la ley de DINACOPRIN hecha por este gobierno fue dirigida a la fijación de salarios mínimos, de actualización de salarios nominales y de fijación de salarios reales, de acuerdo con una política rígidamente dirigista en materia económica, que se encabalga en la cresta de la ola de un ciclo económico expansivo. El resultado es que tales Consejos, una vez más, como ocurrió entre 1985 y 1991, suprimieron espacios de negociación colectiva sustentadas en productividad del trabajo, capacidad de pago diferenciada por tamaño de empresa y posición de ésta en el mercado. La política salarial del batllismo debe seguir inspirándose en la máxima socialdemócrata “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Su corolario será el empleo de la institucionalidad de Consejos de Salarios y de las potestades dirigistas del Poder Ejecutivo en esta materia, para la fijación de salarios mínimos por grandes categorías de trabajadores, diferenciados por sector de actividad económica, dejando la actualización de salarios nominales y reales fijados por encima de aquellos mínimos, como materia de negociación bipartita en aplicación de una ley regulatoria de este instituto de derecho colectivo.
Se propone que el fundamento ideológico del principio de subsidiariedad del Estado sea aplicado para expandir las libertades individuales, particularmente las económicas. En aplicación de este apotegma, los espacios de libertad deben ser preservados de tal modo que los agentes económicos reduzcan el grado de dependencia e inseguridad provenientes de una actuación desmesurada del Estado. En este sentido, el rol del Estado debe ser más activo o pasivo en función del grado de estructuración del mercado de trabajo (formal vs. informal), de la atomización o concentración sectorial, y de la capacidad de organización de los trabajadores y empleadores. Así debe ser más activo en aquéllos donde existe mayor informalidad y desprotección de seguridad social, donde los servicios están atomizados en una miríada de pequeñas empresas, y donde el tamaño de las unidades económicas dificultan las asociaciones empresariales y de la organización sindical. Por el contrario, en los sectores mejores estructurados y formalizados, con organizaciones profesionales dotadas de alta representatividad, el rol estatal será secundario. No obstante, reservará su intervención cuando operen monopolios legales o naturales, o condiciones bajo las cuales opere una empresa de posición dominante.
Hemos escuchado de este Gobierno que su política es la de crecer distribuyendo y distribuir creciendo; hemos visto la primera, no hemos visto la segunda. Todos los mecanismos creados protegen el salario real o el empleo, pero no prevén procedimientos de ajuste en el salario ni en el empleo a la baja en caso de recesión, con lo cual no se advierte la resolución de un problema de acaecimiento inevitable, atento a nuestra condición de tomadores de precios internacionales. Ello ha sido, en parte, porque se ha priorizado el ataque a la pobreza y a salarios originalmente bajos, pero también porque se ignora qué hacer o política a seguir cuando decrezca el ritmo, eso se mira como problema del próximo ministro. El único empleo de permanencia garantizada será la de los dirigentes sindicales, o sea el de los socio-clientes. Precisamente para estos fines es que los países occidentales se dieron legislaciones que permiten prever flexibilizaciones organizativas en el nivel de empleo y en el nivel de retribuciones, vinculadas a la actividad económica sectorial o nacional. El Partido que hace un siglo innovó en derecho individual del trabajo, debe innovar en instrumentos de derecho colectivo existentes en otras latitudes, creados para impulsar la competitividad de la mano de obra y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, tanto en ciclos de expansión como de estancamiento económico.
No resulta un secreto que la máxima dirigencia sindical guarda predilección por la actual coalición frenteamplista, pues hasta ha expresado públicamente que militará por su reelección. Ello también amerita tomar como dato de la realidad una poco merecida antipatía hacia nuestro Partido, y sobre el cual es necesario definir un posicionamiento político e ideológico. Existe una batalla a dar sobre la opinión pública y sobre los sindicatos de base, para la cual se propone la generación de una estrategia basada en compromisos explícitos y en una búsqueda de alianzas políticas: por un lado, el compromiso de mantener y aplicar la nueva legislación sobre protección sindical y continuar con la política de negociación colectiva del Estado como empleador. Por el otro, volver a darle el rol al sistema de partidos para que defina reglas de desempate en los conflictos laborales. Se ha terminado de demostrar ante la opinión pública y ante la ideología de nuestros oponentes (sea por los actos de ocupación de plantas físicas, por los perjuicios causados en Montevideo por empleados municipales, por la violencia desatada entre trabajadores de una misma empresa y por las sentencias judiciales dictadas a instancias privadas), que el derecho de huelga tiene límites determinados por los derechos del trabajo y de la propiedad. Es hora de que los legisladores se pongan de acuerdo en mayorías que aprueben su regulación, de acuerdo a un mandato que se retrotrae a la Constitución de 1934.
El Partido haría mal en darle al sindicalismo el trato de adversario, pues desde el Gobierno tendrá tanta necesidad de él, como lo tendrán los trabajadores de la administración. El combate a la informalidad laboral, la reducción de la siniestralidad laboral y hasta la del tabaquismo, la aprobación de planes de financiación al empleo incentivado y a la inclusión de trabajadores pobres en condiciones dignas, así como una vasta pluralidad de objetivos sociales y económicos, hace tanto del sector sindical como del empresarial socios insustituibles, y de ello no solo da testimonio la literatura de la OIT, sino la evaluación de la política pública seguida cuando nuestro Partido tuvo la responsabilidad de ejercer el MTSS. Ello, sin detrimento de canalizar la resolución de los conflictos sociales mediante el diálogo social, pero también de redireccionar la resolución de los conflictos políticos sobre el sistema de partidos: que luego sean los dirigentes políticos que asuman las tesituras de sus propias bases sindicales, si así lo quieren hacer.
C) Políticas dirigidas a generar institucionalidad pública para dar mejor y más innovadora respuesta a problemas irresueltos y que representan frenos a la modernidad laboral.
En un país en el que sólo invierten las empresas grandes y trasnacionales o las de cualquier origen dedicadas a la actividad agropecuaria, resulta necesario generar políticas reales y efectivas para la inversión en pequeñas y medianas empresas nacionales, que en este país son de origen y naturaleza familiar, y de cuya clase media provienen los miles de jóvenes que siguen yéndose del país. La inestabilidad sobre la propia existencia de las empresas familiares conspira contra cualquier proyecto de vida social previsible e, indirectamente, sobre la estabilidad de la familia en tanto célula de la organización social. La política de empleo se compone fuertemente de una promoción a la pequeña y mediana empresa que ahora, disipado el problema del endeudamiento externo a corto plazo, es posible volver a impulsar.
El derecho laboral no está cumpliendo eficazmente su rol de asignador de derechos y de deberes en forma clara y medianamente previsible: donde todo es negociable y nada es fijo, el más fuerte termina imponiendo su voluntad, sea éste en unos casos el gobierno, en otros el empleador o el sindicato, como ha sido posible ver en varias ocasiones. Si el gobierno permite la ocupación obrera de empresas privadas pero reprime la efectuada en una empresa pública, si los trabajadores agremiados son preferidos por el gobierno al grado de privar espacios de actividad a los trabajadores que no desean ser afiliados, si la mayoría de los trabajadores privados deben esforzarse mucho para ganar dos tercios o tres cuartos de lo que ganan con mucho menos esfuerzo los trabajadores públicos, si unos tienen sus facultades “políticas” definidas en los límites de la fijación de salarios cuando otros carecen casi completamente de derechos y otros tienen hasta potestades de cogobierno de organizaciones públicas (verbigracia, la Universidad), las reglas de funcionamiento resultan injustas y hasta ponen en cuestionamiento el tipo de sistema económico predominante (¿estamos en un sistema de mercado, en uno nacional corporativo, en uno socialista? Si donde la regla de derecho dice marrón, cada operador del derecho interpreta que dice el gris de su preferencia, el derecho no cumple su rol de atribución de efectos jurídicos y certezas en las relaciones de trabajo. Como no es posible la autorregulación contractual en todos los campos, las normas etáticas y de orden público deben dejar de ser deliberadamente dictadas en forma ambigua, y deben indicar quién tiene derecho a hacer qué, en qué circunstancias y con qué consecuencias.
A pesar de que en estos últimos tres años los trabajadores uruguayos recuperamos salario real del que padecimos durante la peor crisis económica, todavía estamos en un nivel de mitad del que percibíamos en 1971. Se requiere más de un período de gobierno y políticas de Estado persistentes en materia de competitividad de factores para recuperar semejante caída. La altisonante convocatoria realizada por este Gobierno al diálogo social no logró llegar a acuerdos de compromiso entre las condiciones laborales, la productividad de factores y la competitividad de las empresas, y no parece estar actualmente entre sus inquietudes insistir en lograr tales acuerdos, por lo que quedará como asignatura pendiente para la próxima Administración.
Lo mismo que cuanto ocurrió entre 1985 y 1991, los Consejos de Salarios dejaron sin espacio de funcionamiento a la negociación colectiva; el empoderamiento de los sectores sociales, si se quiere hacer de ellos reales motores del país productivo, requiere de una ley que regule su funcionamiento en forma bipartita y efectos jurídicos de sus acuerdos, y para eso es necesario que el Estado se repliegue y deje de intervenir para fijarle a cada trabajador su salario nominal y real.
La valoración de la excelencia queda en el mero discurso marketinero si no es correspondida con una retribución diferencial, una que reconozca que existen trabajos prestados en cantidad y calidad distintos por trabajadores que ocupan la misma función o categoría laboral. Por encima de salarios mínimos dignos que igualen a personas que están cumpliendo mismas tareas, en las mismas condiciones y cumpliendo los mismos requisitos, el empleador debiera estar en condiciones de fidelizar a empleados que aporten más valor agregado, mejor productividad y ganancias, y más pronta resolución de problemas, de pagar salarios más elevados, libre de reclamaciones económicas de otros que no están a su altura, y los mejores empleados debiéran recibirlos sin que tal premio fuera mirado como una discriminación. Una cultura laboral más propia de sector público y de falso igualitarismo ha predominado en nuestro país sobre otra que impera en el mundo competitivo, de buena justicia retributiva, entendida en su expresión más simple y tradicional, la de darle a cada uno lo que le corresponde.
Existe sobreoferta laboral en algunos puestos y demanda insatisfecha en otros, y en buena medida ello es debido a la ausencia de un sistema de formación profesional. Los jóvenes, particularmente los menos informados, ignoran qué ocupaciones les permitirán tener mejores chances de construir un futuro sustentable, y siguen siendo víctimas de un gobierno que descree de las tendencias que siguen inexorables leyes de mercado. El Estado no ha generado aún serios servicios de orientación laboral a que está obligado a prestar, ni logrado la articulación entre educación y trabajo, a través de un sistema de formación profesional. El próximo gobierno deberá cumplir este rol en articulación con parte del sector público y del privado, y encararlo como política de Estado.
Los jóvenes siguen teniendo sus chances seriamente discriminadas, el mercado de trabajo es poco permeable a un empuje competitivo que es propio de su edad y que les genera su ventaja de arranque, en consecuencia aceptan pagar un derecho de piso de precariedad e informalidad, un reconocimiento de “meritorios” que nada tiene que ver con el goce de sus derechos igualitarios frente a los adultos. Mucho se insiste en las desigualdades de género, cuando las más profundas fosas de oportunidades se encuentran entre los jóvenes y los adultos. El INJU se ha dormido y anquilosado, y el próximo gobierno debe restablecer sus aplazadas chances con políticas activas que valoren la competencia, la inserción formalizada y la aplicación de conocimientos técnicos y profesionales, en detrimento de la antigüedad, las “primas por presentismo” y otros inventos que los colocan siempre en las bases de las pirámides empresariales.
A medida que el problema de la cantidad de empleo pierde peso, pasa merecerlo cada vez más el de la calidad de empleo, problema que también es estructural. Las variaciones en el comportamiento del mercado pueden sintetizarse en cuatro dimensiones: nivel de empleo, nivel de desempleo, nivel de retribuciones reales, y calidad de empleo. Desde hace 5 años el país mejora en el nivel de empleo y retribuciones, que aumentó, y en el nivel de desempleo, que se redujo; son éxitos logrados por la sociedad y el Estado que a los batllistas mucho nos alegran y reconfortan. A despecho de lo que informan las autoridades y los registros administrativos del BPS, la cantidad de ocupados urbanos que tienen problemas de calidad de empleo, o sea subocupación o no registro ante los organismos previsionales, eran 500.000 en el primer trimestre de 2005 y siguen siéndolo en el último trimestre de 2007, lo que denota un lamentable fracaso. Una legislación concebida para regular trabajo de tiempo completo y urbano debe generar espacios para regular arreglos contractuales laborales atípicos pero igualmente lícitos, que sin rebajar derechos de trabajadores, permita la adecuación de necesidades y conveniencias más flexibles tanto de trabajadores como de empresas. Las atipicidades no serán el pretexto para informalizar la contratación de mano de obra, sino principalmente para atender condiciones diferentes que tienen los trabajadores en función de las etapas del ciclo de vida familiar por las que transitan, lo que los ayudará a conciliar el rol productivo (económico) con el reproductivo (biológico – demográfico).
Hay tres colectivos que siguen esperando una solución a sus respectivos subsistemas de seguridad social: son los comprendidos en la caja paraestatal bancaria, y las dos estatales policial y militar. El Partido necesita procesar una discusión sobre qué contenido quiere darle a la universalidad de la seguridad social, qué elementos del régimen del BPS propondrá extender sobre las prestaciones de pasividad y actividad de estos colectivos, libres de las telarañas ideológicas que han impedido al presente, actuar en congruencia con las críticas que emitió cuando era oposición.
No me extiendo sobre algunos presupuestos que hacen a la estructura del mercado de trabajo a largo plazo, como lo son la educación de la mano de obra, o la salud pública. Tal vez sólo merezca destaque expreso el aprendizaje que como sociedad política hemos interiorizado por la buena prédica del MEF —espero que para siempre—, acerca de que sin inversión económica permanente, terminamos generando a largo plazo sólo pobreza compartida de oportunidades laborales y retributivas.
La segunda pregunta es ¿qué objetivos debiera perseguir la política pública propuesta?
El primer macroobjetivo será generar la fe y convicción en que los ciudadanos de este país pueden realizar su proyecto de vida en este territorio y sociedad, y que podrán vivir dignamente de su trabajo si se esfuerzan para ello.
El segundo macroobjetivo será generar un nivel de entendimiento colectivo básico sobre las relaciones entre su trabajo (condiciones, retribuciones, organizaciones) y las instituciones políticas, económicas y sociales, definir límites perceptibles, ventajas, responsabilidades y riesgos entre por un lado la economía social de mercado basada en premisas capitalistas, y por otro las formas de organización de dirección colectiva basadas en premisas asociativas (cooperativas, sociedades mixtas), y otro nivel político de entendimiento acerca de qué méritos justifican y cuáles no, las diferencias de trato y condiciones entre los trabajadores privados y los del Estado, y las que tienen dentro del propio Estado según una pluralidad de organismos.
El tercer macroobjetivo será recrear una cultura del trabajo realmente asentada en derechos, deberes, obligaciones y garantías laborales, no dependientes de clientelismo partidario, sino asentadas en un Estado de Derecho.
El cuarto macroobjetivo -el más polémico desde el punto de vista ideológico- sería la democratización de los estamentos secundarios de la sociedad civil, cosa que hoy se reclama únicamente a los partidos políticos, y debiera extenderse también a todos los demás estamentos: asociaciones corporativas, organizaciones empresariales y sindicales.

SEGURIDAD CIUDADANA: NOSOTROS Y NUESTROS MIEDOS

La inseguridad pública es uno de los temas de mayor preocupación de la ciudadanía. Lo dicen las encuestas de opinión y lo confirman los datos objetivos, pero alcanzaría con lo que se palpa en la calle. La gente está efectivamente insegura; el ciudadano teme ser víctima de una agresión violenta, de que no se respete su integridad física o que se atente contra su propiedad privada. No puede disfrutar de la intimidad del hogar sin miedo a ser asaltado o dejarlo solo sin el temor de encontrarlo saqueado a su regreso. La población siente miedo, por sí y por los suyos, de circular tranquilamente por las calles, más aún de transitar por zona despoblada y, aún más grave, compartir determinados espacios públicos con sus conciudadanos.
Ante estos temores algunos sectores de la población desarrollan conductas preventivas (instalación de rejas y alarmas, compra de armas de fuego con fines defensivos, etc.) y evita determinados comportamientos (caminar de noche por las calles, dejar solo el hogar, etc.), que acaban por afectar la vida cotidiana del individuo y de la propia comunidad hasta en los pequeños detalles. No estamos, pues, ante lo que debería ser una vida normal, en orden y convivencia. Esta es una realidad que, honestamente, nadie puede atreverse a desmentir.
No hay duda que la llamada “sensación” de inseguridad no guarda una relación estricta con el número de delitos o con la probabilidad estadística de ser víctima de uno de ellos. Sin embargo, esto es parcialmente correcto. Un análisis serio no puede desconocer otros aspectos trascendentes.
En primer lugar, el explosivo incremento del número de delitos en general en las dos últimas décadas y específicamente en los hurtos y las rapiñas en los últimos años, evidencia de por sí, en forma primaria pero en términos muy concretos, un significativo deterioro en la seguridad.
En segundo lugar, sabido es que a un cambio cuantitativo que supone el aumento de los delitos, se añade un aún más importante cambio cualitativo producto de un incremento de la violencia, de la utilización de armas de fuego, del descenso en la edad para el inicio en conductas delictivas y de la presencia de otros factores, como el de la droga, que provocan en la población un natural sentido de indefensión, temor y la sensación de riesgo y amenaza cotidiana. Esta es la auténtica realidad que cuestiona la interpretación de la inseguridad como una sensación sin correlato objetivo.
En tercer lugar, y por último, la seguridad, y por tanto la supresión de la inseguridad, no puede estar definida por la ausencia total de delitos —no seríamos una sociedad integrada por seres humanos en ese caso— sino por la convicción ciudadana de que las autoridades competentes estén demostrando con hechos que están haciendo las cosas necesarias para controlar la situación, y que, ante el delito, la población tenga la certidumbre de que el delito paga y que paga más cuanto más grave sea el mismo. Si a la consumación de los delitos y la violencia, le sumamos las bajas expectativas ciudadanas respecto a las políticas del gobierno, lo que tenemos garantizada es la perpetuación del sentido de desprotección. A estos capítulos es a los que hay que abocarse en forma global e interrelacionada.

La inseguridad como un problema estructural

Si existe una cuestión fundamental en lo que hace al necesario encare del tema de la inseguridad, es el hecho de asumir que estamos frente a una problemática de altísima complejidad, pluricausal en su origen y asociada a múltiples factores de riesgo. Los fenómenos de la criminalidad en sus diversas manifestaciones incluyen tantas y diversas dimensiones, que es notorio que la sola referencia a la seguridad implica relacionar esferas que atañen a lo social, psicosocial, cultural, económico, así como a los aspectos judiciales, policiales y de administración en general. Como consecuencia, las políticas de seguridad ciudadana dependen de un número muy grande de variables y circunstancias y su éxito, en rigor, sólo es alcanzable si se contemplan un conjunto de acciones en cada una de esas esferas concomitantemente.
Un tema que podría considerarse característico de aquellas consideraciones que restringen las causas del delito prácticamente a un sólo factor y que tiñe invariablemente los debates constantemente, es el que posiciona a la pobreza en relación de causalidad con la delincuencia.
El frenteamplismo, hoy en el gobierno, sostuvo siempre que la delincuencia se explicaba —y hasta se podía justificar, llegado el caso— por las condiciones sociales. Una de las posibles inferencias de un planteo como el antedicho conduce a reducir el problema a una cuestión de pobres contra ricos, explotados contra explotadores, lo que, claramente, es una explicación parcial y engañosa. No sólo es una cuestión de que pobreza no es sinónimo de delito, sino que, además, no es posible solucionar el problema de seguridad —aunque lo social fuera la única causa detrás del crimen— esperando simplemente que como consecuencia de determinadas políticas sociales se reduzca a la nada la pobreza y, así, eliminar al sujeto delincuente. Por otra parte, despreciar elementos claves en la inseguridad, tales como la presencia de indigentes en las calles, “barras” de drogadictos en las esquinas, limpia vidrios que obligan de “pesados” a “contratar” sus servicios, y otras decenas de situaciones que la gente bien conoce, evidencia estar alejado de un concepto integral de seguridad y es mofarse de las condiciones de tranquilidad con las que uno tiene derecho a vivir su propia vida. No se trata de discriminar, es justamente comprender que la seguridad ciudadana no se aborda con ideologismos y prejuicios.
De cualquier manera, y quizá como reacción a los planteos de la naturaleza como el que se describió, los colorados pudimos incurrir, de cierto modo, en una actitud simétricamente opuesta de la que sería bueno desprenderse. Minimizar la presencia de factores socioeconómicos —llámese pobreza, marginalidad, inequidad, exclusión— como “condiciones sociales de producción” del delito, conlleva culturalizar las conductas de determinados sectores de la sociedad, lo que, de alguna manera, estigmatiza e impide la inclusión de los segmentos sociales involucrados. El discurso batllista especialmente debe incorporar estos aspectos de índole social en su enfoque sobre la seguridad pública.
Estamos frente, entonces, a lo que se entiende es un problema estructural —o sea no dependiente exclusivamente de un único factor, mucho menos meramente coyuntural, sino de un conjunto interrelacionado de componentes— por lo que su abordaje requiere no de simples remedos sino de un plan integral, sistemático, coherente y coordinado.
En ese sentido, entendemos imperioso tomar una serie de medidas consistentes en:
Realizar un profundo estudio sobre criminalidad, violencia, victimización y percepciones ciudadanas, a partir de variables sociodemográficas y singularidades territoriales. Hasta el momento sólo se cuenta con series estadísticas de denuncias de delitos, lo que no es plenamente demostrativo de la magnitud y caracterización del fenómeno del delito (además de verificarse un subregistro).
Realizar un foro de expertos —plural y multidisciplinario— que efectúe un diagnóstico técnicamente sólido de la seguridad, estudie las acciones emprendidas en los últimos años y formule recomendaciones relativas al desarrollo de políticas públicas para reducir los delitos, la violencia y el temor.
Creación de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para coordinar la acción de las instituciones del Estado involucradas en el tema y establecer lineamientos para una política de seguridad pública. Debería estar integrado con representantes de los ministerios del Interior, Educación y Cultura, Desarrollo Social, Turismo, Suprema Corte de Justicia, Congreso de Intendentes y Administración Nacional de Educación, habilitándose, además, formas de participación de la sociedad civil. A su vez, podrían crearse consejos departamentales que cumplan similares funciones en sus respectivos departamentos y que coordinen con el Consejo Nacional. Claramente, un abordaje multidimensional como el que sostenemos que se necesita para combatir el delito, requiere una adecuación de la institucionalidad como gestor de la seguridad pública. El camino a recorrer es la conformación de un actor capaz de coordinar y unificar criterios, con competencias definidas y autoridad atribuida en términos concretos.
Algunos especialistas han sugerido que la reducción de la criminalidad depende de la adopción de un enfoque que implique una acción estratégica, racionalmente orientada para problemas bien delimitados sobre la base de diagnósticos consistentes, planificación y evaluación sistemáticas y metas bien definidas, según metodologías adecuadas, operando en condiciones técnico organizacionales apropiadas y adoptando posturas compatibles con las expectativas de los ciudadanos. Sólo así es posible encarar un problema estructural como el que enfrentamos.

Delitos de Mayor Impacto Social

El Gobierno, en un intento desesperado por convencer al ciudadano de que la gestión en seguridad pública va por buen camino, recurre al argumento de que la cantidad total de delitos ha tenido una cierta disminución. Convengamos que, aunque la disminución es saludable, esta forma de medir el índice de criminalidad es superficial y sólo oscurece la realidad, ya que, indudablemente, no todos los delitos tienen la misma importancia y trascendencia social.
Ciertamente, una perspectiva correcta apuntaría a tomar en cuenta los delitos que, en términos de inseguridad e intimidación, poseen un mayor impacto social. Particularmente Chile viene desarrollando este tipo de enfoque desde hace ya algunos años. En el país trasandino se denomina a un conjunto de delitos como “Delitos de Mayor Connotación Social” (robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, robo con fuerza, hurto, lesiones, homicidio y violación, según el Código Penal chileno). A este conjunto de delitos se les atribuye de una mayor trascendencia, se difunden periódicamente estadísticas sobre su evolución, se estudia profundamente el impacto en la población y, por sobre todas las cosas, se dedican los mayores esfuerzos en su combate.
En Uruguay las estadísticas oficiales, manejando correctamente un criterio jurídico, agrupan la mayor parte de los delitos según sean contra la propiedad o contra la persona. Utilizando el criterio chileno y comparando los códigos penales de ambos países, los delitos que deberíamos tomar en cuenta para el Uruguay, y que conjugan delitos contra la propiedad y contra la persona, son: rapiña, hurto, copamiento, lesiones, homicidio y violación. Sin duda, no puede haber dos opiniones sobre la conmoción social que provocan estos delitos —a los que podríamos llamar “Delitos de Mayor Impacto Social”— por lo que la lista de los mismos no plantea dudas. La tasa de los “Delitos de Mayor Impacto Social” para Uruguay ronda los 4.000 delitos cada 100.000 habitantes, tasa superior en un 60% a la que se registra en Chile para sus “Delitos de Mayor Connotación Social”. Particularmente, la cantidad de rapiñas registró un aumento del 3,5% entre los años 2006 y 2007, lo que torna dramática la situación.
En ese sentido, proponemos que se adopte el criterio chileno reconociendo los delitos de mayor impacto social en cuanto a sus consecuencias en términos de inseguridad, estableciendo para los mismos un seguimiento estadístico que contribuya a comprender la real situación de la seguridad ciudadana y, como consecuencia, focalizar las acciones en este tipo de delitos, prestando especial atención a la rapiña, principal flagelo a combatir.

Sentido de protección: juicio y castigo

Lo expuesto en los apartados precedentes comprende en su conjunto un cambio de orientación en la base misma de las políticas públicas de seguridad —enfoque multidimensional, plan integral, nueva institucionalidad y énfasis en los delitos de mayor trascendencia— concerniente a ambientar la concreción de medidas realmente eficientes, al mismo tiempo que la construcción de un sentido de amparo y protección en la población. Naturalmente, la ciudadanía no puede sentir más que desprotección cuando, a la existencia y aumento de los delitos de alto impacto se le agrega la percepción fatalmente comprobada en los hechos de que —además de que el Gobierno pone el acento en el victimario postergando a la víctima— el delito no siempre paga y el criminal, por más aberrante que sea el delito consumado, no es condenado en consonancia con lo terrible de su acción.
Un caso típico son los hechos de violación de menores —muchas veces devenidos en homicidios— que sublevan e indignan, como pocas cosas, a la gente sana. Tenemos la profunda convicción de que es necesario replantearnos el armazón jurídico penal, apuntando a aumentar las penas para los violadores, incluso estableciendo la posibilidad de sumar penas al estilo español, con lo cual algunos criminales tendrían vedada de por vida la salida en libertad. Entendemos que, en la actualidad, un planteo de tal naturaleza no se compadece completamente con ciertas disposiciones constitucionales. Sin embargo, los uruguayos nos debemos un análisis serio en la materia y, si es necesario, debería alterarse la simetría penal y reformar la normativa vigente.
Otro tema vinculado es el de la participación de menores en actos delictivos, especialmente los que incluyen violencia. El debate entre los partidarios de bajar la edad de imputabilidad y quienes no consideran conveniente modificarla lleva muchas décadas. Rompen los ojos los cambios en la estructura social como para no percibir que el fenómeno de la delincuencia juvenil no es, de ningún modo, reproducible en escala y formas a lo que sucedía en el país hace veinte o treinta años atrás y que es posible introducir una clara diferenciación para el caso de los delitos de sangre cometidos por jóvenes menores de dieciocho años.
De cualquier modo, es posible plantearse una medida, en cierta forma complementaria, como la de establecer que se mantengan los antecedentes penales de los menores cuando pasan a ser considerados adultos (se requeriría una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia), eliminando la condición de primario absoluto cuando se llega a la mayoría de edad para el caso de los menores con profuso prontuario.

Prevención y represión

Evidentemente, el panorama no estaría completo si no lo contempláramos con el nivel de las políticas vinculadas al ejercicio de la prevención y represión desarrolladas por las instituciones de la seguridad pública.
En ese sentido, se debe potenciar el efecto disuasivo y preventivo de las fuerzas policiales, que repercuta directamente en una reducción de la cantidad de delitos y en un aumento de la seguridad del ciudadano que percibe la presencia de la Policía. Para ello es necesario multiplicar el patrullaje y aumentar la visualización de la presencia policial (chalecos fluo, cabinas policiales, etc.).
En la misma línea, es prudente estudiar con seriedad y serenidad, el aumento de la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas de prevención, después de los resultados positivos que significó la guardia perimetral de los establecimientos carcelarios.
En muchos sentidos, las acciones disuasivas son, sin duda, la primera barrera de contención de la criminalidad y posee un efecto inmediato y directo en seguridad que pretende sentir el ciudadano, que no aspira a la extirpación del delito pero sí a la certidumbre de que el Estado trabaja por su seguridad.

POLITICAS SOCIALES

1. GRANDES LINEAS DE LA EVALUACION DESDE EL RETORNO A LA DEMOCRACIA

Sobre como el pasado no tiene nada que ver con la teoría del derrame

Mito: los gobiernos de los últimos veinte años, desde el retorno de la democracia hasta la llegada del Frente al poder, fueron de corte “neoliberal” y –como tales- aplicaron la “política del derrame”, según la cual el enriquecimiento fruto del crecimiento económico primero llega a la población más rica para después ir expandiéndose, derramándose hacía las categorías menos favorecidas de la población.
Sobreentendido del mito: Aquellos que aplican tal estrategia son inhumanos ya que le dan más importancia a los fríos números macroeconómicos que a las personas, las no pueden esperar años para salir de la pobreza.
Sobreentendido dos: Aquellos que no son “neoliberales” y no apoyan estas políticas están del lado de la gente, representan sus reales intereses. Dicho llanamente: son los buenos.
Si el mito se hubiese cumplido: Si durante el período 1986 a 2005 se hubiese aplicado una feroz política neoliberal, sin reales programas sociales armados en paralelo y hasta en coordinación con la política económica, el sentido común indica que al menos dos cosas tuviesen que haber sucedido:
· La pobreza hubiese bajado a un ritmo muchísimo menor al del crecimiento económico.
· La distribución del ingreso se hubiese mantenido en una situación de inequidad persistente, sin evaluación alguna o con una leve y lenta mejoría de la distribución del ingreso.
Pero la realidad dice que…: Que la pobreza se redujo y mucho durante el período (excluyendo la pre crisis y la crisis del 2002) y que el Uruguay se transformó en la sociedad más equitativa, con mayor justicia social, en términos de distribución del ingreso, del continente.
… se disminuyó en 13 años de 46% a 15% la cantidad de personas pobres: En el primer año tras el retorno a la democracia, la pobreza disminuyó de 46% al 35.5%, es decir un 23% en un año. En los dos primeros años, la disminución fue de 42.5%. Todas estas cifras sobrepasan, y por mucho, el crecimiento macroeconómico que tuvo el país.

… que en los 90, en Uruguay no sólo bajó la pobreza, no sólo disminuyó la desigualdad, sino que además se transformó en el país de mayor justicia social del continente: Entre 1990 y 1997 la desigualdad, medida en términos de concentración del ingreso, disminuyó en Uruguay casi un 25%. Por lejos el mejor resultado entre los principales países de América Latina. Para igual período, la pobreza disminuyó en un 50%. Cuando la pobreza baja tan rotundamente, y el 10% más rico de la población pierde concentración de sus ingresos a favor del 40% más pobre, eso se llama justicia social.

Las actuales cifras de pobreza son asimilables (algo mayores) a las del año 2002, cuando explotó la crisis. Lo mismo sucede con las cifras de indigencia. En el 2002 un 24% (en cifras redondas) de las personas era pobre; en 2007, un 26% es decir una de cada cuatro.
En 1986 cerca de una cada dos personas era pobre: 46%. Cinco años después (igual período que el transcurrido desde el año 2002 a la fecha) 23% de las personas era pobre. De 24 a 26%; de 46 a 23%. Con mucho más inflación, una situación de la economía internacional y nacional incomparablemente menos pujante y sin un ministerio de desarrollo social.
Hoy en día se cuenta con un ministerio, un presupuesto mucho más importante merced a una situación económica que permite esos niveles de gasto, una de las épocas de mayor crecimiento económico que jamás haya vivido el país. Y sin embargo dos constataciones caben:
i. No se logró cumplir con la primera de las promesas electorales, según la cual –de acuerdo a la expresión en una época en voga- “no habría un solo niño más que comiera de la basura en Uruguay”. Es decir, no desapareció la indigencia o –dicho aún de otro modo- no pasó a ser un tema simplemente marginal.
ii. Tampoco se están logrando diseñar políticas y estrategias que constituyan respuestas a las grandes causas de la situación social actual y plantear soluciones de largo plazo frente a la creciente existencia de dos Uruguay, divorciados el uno del otro.
Un inmenso dilema entonces: ¿Cómo con todo un aparato específicamente puesto en pie para diseñar y ejecutar políticas sociales y una situación de excepcional crecimiento, no se percibe mayor cohesión social, mayor equidad social y una disminución drástica de la pobreza y de la indigencia como pudo conocerse en otras épocas no tal lejanas, de menor bonanza y mucho mayor inflación?
Lo que se vino haciendo: Un proyecto más efectista que efectivo. No vale la pena entrar en el análisis de cada uno de los instrumentos puestos en pie porque sería largo y tedioso. Pero sí en los resultados respecto a los objetivos:
· Las cifras de pobreza son altísimas aún, comparables a las de 2002
· La infancia continúa siendo la más castigada
· La situación de niños en las calles es cada vez más grave, como lo señalan las ONGs especializadas
· No se construyen Escuelas de Tiempo Completo
· La sociedad no es más equitativa

SOBRETODO
· No existen estrategias globales y largo placistas de combate a los bloqueos del acceso a los mecanismos de integración social (El acceso a la CI, el programa de alfabetización de adultos, etc., son buenos y necesarios pero una gota en el agua frente, por ejemplo, al 25% de adolescentes que ni estudian ni trabajan)

Con exclusivamente una inyección de dinero sólo se logra ser efectista. Un ejemplo claro de ello, fuera del ámbito nacional: en el 2004 la CEPAL publicó un estudio sobre el barrio Casavalle demostrando que entre la Intendencia de Montevideo y una docena de ONGs, se gastaban cuatro millones de dólares al año en programas de ayuda a ese barrio… Y hoy Casavalle sigue siendo Casavalle. El MIDES, el MIDES; y Uruguay un país con un cuarto de su población pobre, como en el 2002.

3. RECOMENDACIONES

El Estado de bienestar uruguayo demanda ser reconformado de cara a la actual estructura de riesgos que caracteriza al país y que se define por un abanico de problemáticas, entre las cuales resaltan:
· Colectivos y personas excluidas o en riesgo de exclusión
· Pobreza, particularmente el fenómeno de la infantilización de la misma
· Demografía, especialmente el doble fenómeno de fecundidad insatisfecha y las consecuencias del mismo en la estructura demográfica.
El MIDES es un ministerio cuya estructura no refleja una visión de mediano y largo plazo tendiente a avanzar hacia la citada reconformación del Estado de bienestar. En esta línea y partiendo de la base de que el MIDES es un ministerio que debe ser mantenido, se propone introducir en él ciertas reformas. El objetivo sería alcanzar una mayor consonancia con la actual estructura de riesgos.
En tal sentido se trataría de redefinir las cinco direcciones nacionales, así como los programas e institutos bajo la órbita del ministerio, buscando:

Contar con una Dirección Nacional de Políticas Demográficas. Uruguay es un país que crece muy poco y en el cual, desde hace pocos años, los nacimientos comenzaron a bajar. Las mujeres con mayor educación tienen menos hijos de los deseados y las de menor educación, más de los deseados (esto último tiene además un efecto directo sobre la reproducción de la pobreza y la infantilización de la misma). Se trata por ende de contar con políticas demográficas tendiente a superar éstos fenómenos, desde una posición de total respeto por las decisiones correspondientes a la esfera privada.
Priorizar, dentro de las políticas sociales, el área de la infancia actualmente presente en el esquema institucional a través del Programa Infamilia (un programa con financiamiento BID que data de la Administración 2000-2005) y del INAU (éste último con una de las peor administración que se hayan conocido, ello afirmado por todo aquel que se precie de una mínima honestidad intelectual)
Actualmente, el MIDES reduce el concepto de exclusión social a la indigencia y pobreza extrema, para lo cual cuenta con una Dirección Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social (las “excursione” que hace fuera de esta definición son sobre situación muy importantes pero puntuales, como ser la identificación civil o el analfabetismo adulto). Una definición moderna de la inclusión supone el tener en cuenta a todos los colectivos y personas en riesgo, lo que abarca también, entre otros: discapacitados, adultos mayores dependientes o no, etc.
Esta redefinición de prioridades que debería redundar en un nuevo diseño del MIDES debería realizarse intentando:
La no duplicación de actividades dentro del Estado
Poner la descentralización al servicio de la personalización de las respuestas, más que a la búsqueda de una participación muchas veces no deseada por los implicados
Favorecer la participación y financiamiento del sector privado empresarial en la ejecución de las políticas prioritarias, incentivando (mediante medidas puntuales) la expresión de su responsabilidad social.
En materia de lucha contra la pobreza, no hay milagros posibles: asistir sí a los más necesitados (a cambio de contraprestaciones) y sobretodo contra con políticas ampliamente abarcativas de toda la problemática y desde todos los posibles ángulos de caída hacia la exclusión social.
Dicho de otro modos, hacen falta quienes sepan imaginar los Planes CAIF del 2010, las Escuelas de Tiempo Completo del futuro, los Programas Aduana, la obligatoriedad de la educación inicial. Hace falta la visión global, pragmática y sin contaminación ideológica.

EDUCACION: IDEAS PARA SU POTENCIACION

La Educación Pública Primaria, Secundaria y Técnica: sus problemas actuales

Tenemos la convicción de que la educación pública de nivel primario, secundario y técnico no cumple con los objetivos que el país se merece.
Analicemos algunos de los síntomas que nos permiten inferir de la existencia real de este problema. Las tasas de deserción y repetición son elevadas en Primaria, en especial en contextos socio-económicos críticos, y en primer año de escuela: es así que según los datos oficiales brindados por ANEP en su página web, en el año 2006, el 16,5% de los niños que cursaron 1er año de escuela, en Escuelas Públicas del país, repitieron.
Pero en las instituciones públicas de educación media, en el año 2006, las tasas de repetición y deserción, alcanzaron cifras mucho más preocupantes: el 23,9% repitió, y el 5% desertó, entre los adolescentes de 15 años (cifras publicadas en la página web de ANEP). Las elevadas tasas de deserción y repetición en las instituciones de educación media (Ciclo Básico obligatorio: de 1er año a 3er año de Secundaria y de CETP/UTU), se agravan en el quintil de la población de ingresos más bajos. En efecto, el 97,9% de los niños de 12 años del quintil más bajo, se inscriben a principio de año para concurrir a una institución educativa (casi todos), pero, al llegar a los 15 años, sólo se inscriben para asistir el 72,2%, hemos perdido uno de cada cuatro ya en el momento de la inscripción. Pero esto es más grave, de los inscriptos, el 23,9% repite, y el 5% abandona en Secundaria, y en el CETP/UTU esto es peor, por lo cual no llegan a cuatro de cada diez, los adolescentes de 15 años del quintil más bajo, que cursa con cierta normalidad los primeros años del Ciclo Básico, que es obligatorio.
Las instituciones públicas de enseñanza para niños y adolescentes, no están alcanzado tampoco sus objetivos. En primer lugar, no logran retener a sus alumnos, de allí la elevada tasa de deserción en el tramo de edad de 12 a 15 años. Y dentro de los que logran retener, un gran porcentaje de ellos, repite el año, lo que significa, o que la propuesta educativa no es ajustada a las expectativas de los padres y alumnos, por lo que no logra motivarlos, o la propuesta educativa no es adecuada a las características de un gran porcentaje de los alumnos a los que va destinada, o la forma en que se ofrece la propuesta didáctica no es la correcta.
Es evidente que la educación pública primaria y media, tiene problemas de calidad; y ha dejado de ser un instrumento válido para la integración social de todos sus ciudadanos. A la inadecuación de la oferta educativa por su contenido, se le agrega la baja calidad en la forma en que se brinda. Ha descendido el nivel promedio general de capacitación de maestros y profesores, y también la dedicación que prestan a su labor docente.
Esto puede ser consecuencia de que el proceso por el cual los futuros docentes seleccionan su carrera, no se realiza ya en un alto porcentaje en base a la vocación, sino como “descarte”, por ser una carrera o de menos años de estudio o con menores dificultades académicas o por la ubicación accesible de los locales físicos de las instituciones que brindan dicha capacitación.
A esto debe sumarse que en muchos casos, jóvenes de muy buen nivel cultural e intelectual, desalentados por magros sueldos, o por dificultades operativas crecientes en el ejercicio de la profesión, como el ambiente hostil y falto de seguridad en que debe desempeñarse el docente, opten por otras carreras profesionales, a pesar de su vocación docente.
Se pierden muchos de los más aptos, desde el punto de vista intelectual y cultural; se ganan para la docencia muchos que no desean esforzarse demasiado, por lo cual, un porcentaje importante del cuerpo docente, no posee la “excelencia” necesaria para brindar un servicio educativo de calidad, ni en la preparación académica, ni en la aptitud y dedicación para la docencia.
La escuela primaria, el liceo, la escuela técnica, no son ya agentes eficaces de integración social, han sufrido una pérdida de valores educativos que no le permiten formar ciudadanos capaces de convivir pacíficamente, y en un ambiente social de respeto. Un indicador de que lo expuesto es así, es la situación de violencia que se ha vivido en el liceo de La Teja, que ha sido de pública notoriedad hace tan sólo 15 días.
La institución educativa está fallando en la formación del ciudadano, pero además, tampoco está logrando dotar al niño de hoy, de las herramientas y conocimientos que necesitará el hombre y la mujer del mañana, para integrarse en un mundo globalizado. No los prepara para la globalización, y el mundo tecnológico del futuro, su currículo sólo tiene un barniz de actualidad. Lo mejor que tenía el Uruguay, era su gente, como se ha dicho. En especial tenía educación que formaba un hombre flexible, adaptable a nuevas exigencias, pronto a salvar nuevos obstáculos. Todo se está perdiendo por el descenso en el nivel de sus docentes. Debemos defender y profundizar esa capacidad educativa. Pero, además, hay que considerar que el mundo ha cambiado. Hoy no alcanza con eso. Es necesario dominar el inglés, lengua internacional, lengua de la informática y de las tecnologías del futuro. Pero no sólo es necesario saber algo de inglés. Nuestros jóvenes deben ser bilingües. La escuela pública no debe enseñar inglés, debe ser bilingüe. A esto debe sumarse la informática, no la enseñanza de la informática, sino el dominio total.
Las escuelas de Tiempo Completo eran una buena idea, si efectivamente ese mayor tiempo era tiempo educativo, pero lamentablemente tienden actualmente a convertirse en una “guardería” de niños pobres y de niños marginados. Otro problema actual es que los maestros han sido ganados por un pesimismo generalizado, donde sienten que no están preparados para la tarea a desempeñar y que no cuentan con las herramientas necesarias.
A su vez los padres y los alumnos de la escuela primaria y de la enseñanza secundaria, sienten que la educación que recibirán no les servirá para ascender ni socialmente, ni económicamente, y lo que es peor, sienten que tampoco les servirá desde el punto de vista cultural. Las expectativas sobre el resultado, respecto al fruto del esfuerzo educativo en instituciones públicas, son magras o casi inexistentes, por parte de los destinatarios.
Un técnico afín al actual gobierno expresó hace unos meses: “la escuela pública actual se ha convertido en una escuela de pobres, para pobres”. Del análisis de esta aseveración surge, que por la falta de calidad de su oferta educativa, así como por la poca adecuación de ésta a las expectativas y necesidades sentidas por padres y alumnos, la escuela pública ha perdido la diversidad social y cultural de sus alumnos, ha sufrido un proceso de segmentación educativa, y con ello, ha perdido la capacidad de integración social, porque actualmente, a ella, ya casi sólo concurren, los niños de estratos socio-económicos bajos: “los pobres”; la clase media se ha ido de la escuela pública a instituciones privadas, en busca de calidad, formación en valores, educación integral, y seguridad.
Ya no contribuye a la integración social, y lo que es peor ha comenzado a colaborar en la fragmentación social: por su falta de diversidad social, por su ausencia de alumnos de otros sectores sociales, por brindarles a los niños de los estratos sociales bajos (pobres) que ya presentan carencias en sus capitales, una educación de baja calidad, que no les compensa su carencia, sino que la amplía. La baja calidad de la oferta educativa pública, y la inadecuación de ésta, cierra aún más la escasa apertura de la educación como canal de movilidad social. Pero el problema de la educación no se resuelve modificando la forma de designación de sus autoridades, o creando más de 100 cargos de confianza como propone el Proyecto de Ley de Educación realizado por el actual gobierno.

Propuestas para la acción.

Nuestra propuesta no desea permanecer en la mera crítica, sino que desea aportar ideas en busca de soluciones.
Todo modelo educativo a desarrollar o reformar, debe tener como marco de referencia, el ideal de hombre que se desea formar o desarrollar. Deseamos formar hombres y mujeres de “pensamiento y acción”, que piensen en forma reflexiva y con independencia de criterio, no en base a “slogans”, formados en valores que los capaciten para la vida en sociedad, ciudadanos respetuosos del que piensa diferente, en fin, respetuosos del “otro”, que desarrollen “una mente sana en un cuerpo sano”; pero que cuenten, además, con herramientas intelectuales para adaptarse no sólo a la sociedad uruguaya, sino al mundo del futuro, no que apenas conozcan, que dominen la informática y el inglés, pero que sobre todo estén dotados de una actitud positiva, optimista y emprendedora, que les permita pasar del pensamiento a la acción, y mirar al futuro con la expectativa de su conquista.
En ese sentido, proponemos:

Reestructurar la institución educativa para que vuelva a ser un instrumento válido de integración social y cultural, donde los valores de respeto y solidaridad sean los puntales del quehacer educativo. Una institución de puertas abiertas no sólo a los alumnos, sino a los padres, a los vecinos, a los ex -alumnos, en fin, a la comunidad; y no sólo de 8 a 17 horas, sino que vuelva a ser, la biblioteca, el club deportivo, la sala de cine y teatro, el centro social y cultural, el centro de prevención de la salud, coordinando estas acciones con otros organismos del Estado. Varios modelos exitosos de escuelas públicas en el mundo integran a los padres, al barrio, a los hijos y a la seguridad. Sólo así han venido obteniendo respuestas inimaginables. Podría pensarse en algo así.
Recrear la vieja escuela vareliana, donde ricos y pobres, religiosos y ateos, se sentaban juntos en el mismo banco, atrayendo nuevamente a las instituciones públicas a los hijos de sectores sociales medios y altos, para lo que es imprescindible una oferta educativa de calidad, en un clima de respeto. Si la oferta educativa es mediocre, las clases medias sacan recursos donde no existen y envían a sus hijos a escuelas privadas. Quebrar esta lógica es el desafío a asumir.
3. Combatir la deserción y repetición liceal, así como la violencia actual que hay en las instituciones educativas, mediante una atención integral, no sólo educativa, sino que atienda además, otros aspectos sociales como la alimentación, la educación en valores, la recreación, la sociabilidad. En este sentido, proponemos: a) extender el servicio de alimentación que se brinda actualmente hasta 6to año de escuela, hasta 3er año del Ciclo Básico de Educación Secundaria, en las zonas que lo necesiten, b) desarrollar en todas las instituciones educativas una educación integral, donde la educación física y el deporte ocupen un lugar preponderante, en forma diaria, cotidiana. c) trabajar el tema de la violencia, la seguridad y el respeto, ya sea la violencia familiar, o la que se desarrolla en los locales educativos, mediante el apoyo de equipos interdisciplinarios de técnicos radicados en los locales educativos, situados en zonas de riesgo social, y con el apoyo interinstitucional, en coordinación con otros organismos del Estado, así como otros actores sociales como las ONG.
Atraer a los ciudadanos mejor capacitados a la carrera docente, para lo que es necesario mejorar sensiblemente sus remuneraciones y dotarlos de herramientas para operar con la actual realidad social, mediante la inclusión en los currículos de cursos que capaciten en temas tales como la violencia, la drogadicción, el género, la formación en valores, etc.
Desarrollar una propuesta curricular de educación integral real, mediante la incorporación de educación física, deportes, y expresión (en todas sus manifestaciones), en forma diaria, en escuelas primarias, liceos y escuelas técnicas. En la medida de lo posible, la educación física deberá estar a cargo de profesores titulados de educación física, y de no ser posible, a cargo de maestros especializados, para lo que se creará una especialización docente en educación física y artística. La educación física deberá pasar a ser una realidad diaria, con la promoción del ideal griego: “Mente sana en un cuerpo sano”. Esta propuesta tiene como objetivo no sólo convertir en una realidad la educación integral, sino favorecer el desarrollo de un cuerpo sano que propicie la salud también mental y espiritual, y que entre otras acciones combata la soledad y el suicidio adolescente, la adicción a las drogas, al tabaco, al alcohol, al sedentarismo, a la obesidad, a la ciber-adicción, ayude a combatir la violencia, y promueva la integración social, en un ámbito donde el origen económico del alumno será un factor neutro. Se coordinará acciones con Salud Pública, Educación Física y demás organismos públicos involucrados. A fin de llevar a cabo la anterior propuesta se deberá dotar de gimnasios cerrados o espacios multiusos (que permitan su utilización como gimnasio) a todos los locales que aún no cuentan con ellos, en forma progresiva.
Se propone, además, en esta dirección crear: escuelas primarias de Tiempo Educativo Extendido, y Atención Integral. Obsérvese que no se expresa Escuelas de Tiempo completo, sino de Tiempo Educativo Extendido, queriendo diferenciar la mera permanencia en la escuela, con una oferta educativa más completa y brindada en un horario mayor. Las escuelas que se incorporen a este proyecto, estarán abiertas a los padres y alumnos entre las 7 y 30 y las 20 horas. Pero el currículo oficial se prestará entre las 9 de la mañana y las 17 horas. En horario central se enseñará el currículo obligatorio, tradicional, al que se adicionará: informática, inglés, educación física y expresión artística, y en horario periférico (antes de la hora oficial obligatoria de entrada, y luego de la hora de salida oficial), la escuela ofrecerá en forma opcional para los padres que así lo elijan para sus hijos, servicios de deberes vigilados, y actividades deportivas y artísticas.
Escuelas, Liceos y Escuelas Técnicas “trilingues”. El Uruguay necesita insertarse en el mundo pero en condiciones ventajosas, para eso es imprescindible que todos los uruguayos dominen las dos formas internacionales de comunicación en el mundo actual: informática e inglés. Estas dos formas de comunicarse deben comenzar a enseñarse en la escuela, pero no como algo accesorio o complementario, sino con el énfasis necesario para convertir a nuestros niños y jóvenes en “trilingues”: castellano (idioma español), inglés e informática (si bien “stricto sensu” la informática no es un lenguaje). Pero para eso es indispensable la formación urgente de más docentes de informática y de inglés, así como ampliar las aulas de informática a todas las escuelas, y ampliar el horario de los servicios educativos.
Escuelas Integradoras. Las escuelas y liceos deberán favorecer la integración social para lo cual: a) deberán recibir alumnos de distintos barrios, b) a fin de usufructuar la oferta locativa que hay desaprovechada en locales céntricos, se ofrecerá transporte escolar gratuito desde barrios cercanos que no posean capacidad locativa ociosa, de manera de integrar alumnos de diferentes barrios, c) los locales nuevos que se construyan se harán en la frontera entre los distintos barrios y de ninguna manera se construirán locales educativos “interiores” a determinadas comunidades, procurando combatir la endogamia socio-cultural de sectores sociales con necesidades básicas insatisfechas.
Crear instituciones educativas seguras. Las instituciones educativas deben ser un lugar seguro, donde los padres y jóvenes no sólo sientan seguridad y tranquilidad, sino que, además, se sientan en un ambiente acogedor, un segundo hogar. Lo que está sucediendo en Liceos de La Teja, Nuevo París, Cerro, no puede repetirse, y los derechos de los alumnos que concurren a estudiar y no a desarrollar conductas marginales, deben ser protegidos. Para esto los docentes enfatizarán la educación en valores; además se establecerán equipos multidisciplinarios en esas zonas críticas, para que trabajen en el tema, y se ajustará el marco normativo y de cooperación con otros organismos del Estado, como el INAU, el Poder Judicial, etc.
Jerarquizar la carrera docente mediante la educación permanente de los docentes, continuando el proceso de creación de una Universidad Pedagógica, y la realización de postgrados: Maestrías, Doctorados, Especializaciones, y actualizaciones, etc. La capacitación de los docentes se premiará con diferencias en la remuneración, a mayor capacitación formal y sistemática adquirida, el docente recibirá una remuneración mayor, para estimular de esa manera el esfuerzo del docente y premiar el mismo. De esta forma se establecerá el viejo principio “artiguista” del mérito.
Incorporar en los planes educativos, que la educación intelectual deberá enfatizar tres áreas (sin desmerecer las demás): la capacidad de reflexión y adaptación a nuevas circunstancias, el dominio del inglés, de manera que sean bilingües, y el dominio de la informática. A esto se debe agregar, para desarrollar un hombre pleno, una educación en valores, que forme un ciudadano respetuoso, íntegro, solidario, optimista, emprendedor y orgulloso de ser uruguayo, y recogiendo el principio educativo de la educación integral, una educación física y artística.