La discusión dentro del Partido sobre la problemática laboral es oportuna no meramente por el acercamiento de la instancia electoral, sino porque hemos asistido a un cambio recientemente operado entre 2004 y 2008 en el mercado de trabajo, que nos enfrenta a una estructura parcialmente diferente de la precedente; ello provoca cuestionamientos sobre el rol del Estado y la política pública que agitan tal debate. Los cambios de la realidad que destaco, en su mayor parte ocurridos durante este Gobierno, son:
a) Un crecimiento en la oferta y la demanda de mano de obra superior al 15% y un incremento en la masa salarial superior al 20%; es decir un salto en la escala sobre tamaño del mercado;
b) Diferenciación creciente del mercado laboral entre por un lado sectores modernos, casi todos vinculados con bienes y servicios transables, y por otro lado sectores informales y de baja competitividad. Las dotaciones y demandas de capital humano, las retribuciones pagadas y las reglas de funcionamiento tanto de relaciones colectivas como individuales son distintas.
c) Estancamiento de 500.000 trabajadores no insertos en la institucionalidad de protección social, fundamentalmente en el subsistema de seguridad social.
d) Surgimiento del movimiento sindical como operador de naturaleza más política que propiamente social.
e) Profundización de la negociación colectiva tanto en el ámbito privado como público, para la fijación de reglas de comportamiento en las relaciones laborales, con participación fuerte del Estado.
f) La extranjerización de medios de producción: ocurrió en una proporción no precisada pero, sin duda elevada del recurso tierra, y en empresas privadas de variada gama de actividades competitivas (frigoríficos, lechería, aceites, producción de madera, servicios portuarios, distribución de combustibles, etc.), lo que pone en riesgo la adecuación de las decisiones al interés nacional y a la estabilidad del empleo.
La primera pregunta es: ¿qué propuestas puede aportar el Partido Colorado a la sociedad civil, ante el estado de cosas cambiadas por esta administración frenteamplista? A) Algunas propuestas pasan por dar continuidad a políticas públicas ya tradicionales en el país, provenientes de administraciones superiores, o de continuar políticas iniciadas y/o mejoradas por este Gobierno. B) Otras políticas pasan por cambiar el rumbo y acentuación de la emprendida por este Gobierno. C) Otras debieran estar dirigidas a generar institucionalidad pública para dar mejor y más innovadora respuesta a problemas que hace años se vienen aplazando y representan frenos a la modernidad laboral.
A) El próximo gobierno debe, en primer lugar, continuar políticas públicas tradicionales de largo plazo, instauradas desde antes de este Gobierno: intervenir terciando en conflictos laborales, procurando autocomponer los litigios individuales y colectivos, a fin de promover el diálogo social y evitar la comisión de abusos, justicia por mano propia y el clima conspirativo contra la paz. Debe, además, ser factor compensatorio de oportunidades laborales frente a colectivos con desventajas notorias de inserción laboral exitosa: minusválidos, incapaces, excarcelados y carentes de instrucción formal. Debe invertir recursos en formación profesional y orientación laboral de personas desplazadas del mercado por cambio tecnológico u organizacional, o que están en grave peligro de ser desplazados. Y debe ejercer la policía del trabajo, a fin de hacer cumplir la legislación nacional e internacional sobre trabajo y seguridad social, aprobada por el Parlamento Nacional.
El efecto empleo ha sido tradicionalmente ponderado como factor de promoción del estímulo a las inversiones, pero en la práctica el Estado, ávido de impulsar cualquier inversión no especulativa, no ha sido selectivo en priorizar la recepción de aquéllas que respondan a un modelo predefinido de país. Dada la limitación de su potencial de producción, su carácter de tomador de precios internacionales y del bajo aprovechamiento de las economías de escala, se propone que el Estado ejerza el rol indicador de su política de promociones con la claridad suficiente como para que el capital humano, y no sólo el capital financiero, haga sus apuestas. Si nos convertimos o no en país sojero, no sólo procuremos alentar a los productores argentinos a plantar, capacitemos a nuestros jóvenes para aplicar procesos de transformación y conservación de vegetales, y estimulemos a nuestros empresarios para que inviertan en esta industria; si nos hemos convertido en productor de madera, profundicemos el desarrollo de la industria de los productos maderables. Si la producción cultural y los servicios informáticos tienen demanda regional auspiciosa, mantengamos o, aún, reforcemos su promoción; si la insuficiencia de energía es un cuello de botella serio para el desarrollo nacional, abramos el mercado de la generación y distribución, de tal forma que no sean sólo la UTE, la URSEA y la Dirección de Energía, sino que las oportunidades estén abiertas a quienes están en condiciones de apostar a profesionalizarse en esta área; y, en general, se prioricen actividades que aportan valor agregado y mano de obra capacitada para la generación de bienes y servicios transables con mayor aplicación de conocimiento.
El próximo gobierno deberá continuar alguna política en materia laboral iniciada por este gobierno: promover la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores de las actividades económicas rurales, a fin de llamarlos al mismo protagonismo en pie de igualdad que aquél que tienen las asociaciones profesionales de actividades económicas urbanas.
Deberá, además, continuar políticas laborales con antecedentes en administraciones pasadas, pero mejoradas en la presente: extender la ayuda económica asistencialista o subsidio prestado a las familias numerosas, complementando los ingresos provenientes de retribuciones laborales (asignaciones familiares); generar instancias de negociación real entre el empleador Estado y las organizaciones representativas de empleados públicos. Efectuar la reglamentación de derechos fundamentales en colisión (huelga, trabajo, propiedad, libertad de comercio e industria) confiriendo mayor certeza jurídica, aunque no sea del agrado de todos y a riesgo de tener que diferenciar situaciones semejantes. Debe, por fin, favorecer la inmigración laboral con los instrumentos jurídicos recientemente dictados, pero sólo si está en condiciones de aplicar eficazmente la condición suspensiva de la reciprocidad de trato laboral de nuestros connacionales en el extranjero, si no, no.
B) Otras políticas habrán de ser modificativas de las implantadas por este Gobierno. Al reimplantar el funcionamiento de los Consejos de Salarios, éstos han sobrepasado las funciones legalmente atribuidas (fijación de salarios mínimos por categoría y solución de conflictos); la aplicación de la ley de DINACOPRIN hecha por este gobierno fue dirigida a la fijación de salarios mínimos, de actualización de salarios nominales y de fijación de salarios reales, de acuerdo con una política rígidamente dirigista en materia económica, que se encabalga en la cresta de la ola de un ciclo económico expansivo. El resultado es que tales Consejos, una vez más, como ocurrió entre 1985 y 1991, suprimieron espacios de negociación colectiva sustentadas en productividad del trabajo, capacidad de pago diferenciada por tamaño de empresa y posición de ésta en el mercado. La política salarial del batllismo debe seguir inspirándose en la máxima socialdemócrata “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Su corolario será el empleo de la institucionalidad de Consejos de Salarios y de las potestades dirigistas del Poder Ejecutivo en esta materia, para la fijación de salarios mínimos por grandes categorías de trabajadores, diferenciados por sector de actividad económica, dejando la actualización de salarios nominales y reales fijados por encima de aquellos mínimos, como materia de negociación bipartita en aplicación de una ley regulatoria de este instituto de derecho colectivo.
Se propone que el fundamento ideológico del principio de subsidiariedad del Estado sea aplicado para expandir las libertades individuales, particularmente las económicas. En aplicación de este apotegma, los espacios de libertad deben ser preservados de tal modo que los agentes económicos reduzcan el grado de dependencia e inseguridad provenientes de una actuación desmesurada del Estado. En este sentido, el rol del Estado debe ser más activo o pasivo en función del grado de estructuración del mercado de trabajo (formal vs. informal), de la atomización o concentración sectorial, y de la capacidad de organización de los trabajadores y empleadores. Así debe ser más activo en aquéllos donde existe mayor informalidad y desprotección de seguridad social, donde los servicios están atomizados en una miríada de pequeñas empresas, y donde el tamaño de las unidades económicas dificultan las asociaciones empresariales y de la organización sindical. Por el contrario, en los sectores mejores estructurados y formalizados, con organizaciones profesionales dotadas de alta representatividad, el rol estatal será secundario. No obstante, reservará su intervención cuando operen monopolios legales o naturales, o condiciones bajo las cuales opere una empresa de posición dominante.
Hemos escuchado de este Gobierno que su política es la de crecer distribuyendo y distribuir creciendo; hemos visto la primera, no hemos visto la segunda. Todos los mecanismos creados protegen el salario real o el empleo, pero no prevén procedimientos de ajuste en el salario ni en el empleo a la baja en caso de recesión, con lo cual no se advierte la resolución de un problema de acaecimiento inevitable, atento a nuestra condición de tomadores de precios internacionales. Ello ha sido, en parte, porque se ha priorizado el ataque a la pobreza y a salarios originalmente bajos, pero también porque se ignora qué hacer o política a seguir cuando decrezca el ritmo, eso se mira como problema del próximo ministro. El único empleo de permanencia garantizada será la de los dirigentes sindicales, o sea el de los socio-clientes. Precisamente para estos fines es que los países occidentales se dieron legislaciones que permiten prever flexibilizaciones organizativas en el nivel de empleo y en el nivel de retribuciones, vinculadas a la actividad económica sectorial o nacional. El Partido que hace un siglo innovó en derecho individual del trabajo, debe innovar en instrumentos de derecho colectivo existentes en otras latitudes, creados para impulsar la competitividad de la mano de obra y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, tanto en ciclos de expansión como de estancamiento económico.
No resulta un secreto que la máxima dirigencia sindical guarda predilección por la actual coalición frenteamplista, pues hasta ha expresado públicamente que militará por su reelección. Ello también amerita tomar como dato de la realidad una poco merecida antipatía hacia nuestro Partido, y sobre el cual es necesario definir un posicionamiento político e ideológico. Existe una batalla a dar sobre la opinión pública y sobre los sindicatos de base, para la cual se propone la generación de una estrategia basada en compromisos explícitos y en una búsqueda de alianzas políticas: por un lado, el compromiso de mantener y aplicar la nueva legislación sobre protección sindical y continuar con la política de negociación colectiva del Estado como empleador. Por el otro, volver a darle el rol al sistema de partidos para que defina reglas de desempate en los conflictos laborales. Se ha terminado de demostrar ante la opinión pública y ante la ideología de nuestros oponentes (sea por los actos de ocupación de plantas físicas, por los perjuicios causados en Montevideo por empleados municipales, por la violencia desatada entre trabajadores de una misma empresa y por las sentencias judiciales dictadas a instancias privadas), que el derecho de huelga tiene límites determinados por los derechos del trabajo y de la propiedad. Es hora de que los legisladores se pongan de acuerdo en mayorías que aprueben su regulación, de acuerdo a un mandato que se retrotrae a la Constitución de 1934.
El Partido haría mal en darle al sindicalismo el trato de adversario, pues desde el Gobierno tendrá tanta necesidad de él, como lo tendrán los trabajadores de la administración. El combate a la informalidad laboral, la reducción de la siniestralidad laboral y hasta la del tabaquismo, la aprobación de planes de financiación al empleo incentivado y a la inclusión de trabajadores pobres en condiciones dignas, así como una vasta pluralidad de objetivos sociales y económicos, hace tanto del sector sindical como del empresarial socios insustituibles, y de ello no solo da testimonio la literatura de la OIT, sino la evaluación de la política pública seguida cuando nuestro Partido tuvo la responsabilidad de ejercer el MTSS. Ello, sin detrimento de canalizar la resolución de los conflictos sociales mediante el diálogo social, pero también de redireccionar la resolución de los conflictos políticos sobre el sistema de partidos: que luego sean los dirigentes políticos que asuman las tesituras de sus propias bases sindicales, si así lo quieren hacer.
C) Políticas dirigidas a generar institucionalidad pública para dar mejor y más innovadora respuesta a problemas irresueltos y que representan frenos a la modernidad laboral.
En un país en el que sólo invierten las empresas grandes y trasnacionales o las de cualquier origen dedicadas a la actividad agropecuaria, resulta necesario generar políticas reales y efectivas para la inversión en pequeñas y medianas empresas nacionales, que en este país son de origen y naturaleza familiar, y de cuya clase media provienen los miles de jóvenes que siguen yéndose del país. La inestabilidad sobre la propia existencia de las empresas familiares conspira contra cualquier proyecto de vida social previsible e, indirectamente, sobre la estabilidad de la familia en tanto célula de la organización social. La política de empleo se compone fuertemente de una promoción a la pequeña y mediana empresa que ahora, disipado el problema del endeudamiento externo a corto plazo, es posible volver a impulsar.
El derecho laboral no está cumpliendo eficazmente su rol de asignador de derechos y de deberes en forma clara y medianamente previsible: donde todo es negociable y nada es fijo, el más fuerte termina imponiendo su voluntad, sea éste en unos casos el gobierno, en otros el empleador o el sindicato, como ha sido posible ver en varias ocasiones. Si el gobierno permite la ocupación obrera de empresas privadas pero reprime la efectuada en una empresa pública, si los trabajadores agremiados son preferidos por el gobierno al grado de privar espacios de actividad a los trabajadores que no desean ser afiliados, si la mayoría de los trabajadores privados deben esforzarse mucho para ganar dos tercios o tres cuartos de lo que ganan con mucho menos esfuerzo los trabajadores públicos, si unos tienen sus facultades “políticas” definidas en los límites de la fijación de salarios cuando otros carecen casi completamente de derechos y otros tienen hasta potestades de cogobierno de organizaciones públicas (verbigracia, la Universidad), las reglas de funcionamiento resultan injustas y hasta ponen en cuestionamiento el tipo de sistema económico predominante (¿estamos en un sistema de mercado, en uno nacional corporativo, en uno socialista? Si donde la regla de derecho dice marrón, cada operador del derecho interpreta que dice el gris de su preferencia, el derecho no cumple su rol de atribución de efectos jurídicos y certezas en las relaciones de trabajo. Como no es posible la autorregulación contractual en todos los campos, las normas etáticas y de orden público deben dejar de ser deliberadamente dictadas en forma ambigua, y deben indicar quién tiene derecho a hacer qué, en qué circunstancias y con qué consecuencias.
A pesar de que en estos últimos tres años los trabajadores uruguayos recuperamos salario real del que padecimos durante la peor crisis económica, todavía estamos en un nivel de mitad del que percibíamos en 1971. Se requiere más de un período de gobierno y políticas de Estado persistentes en materia de competitividad de factores para recuperar semejante caída. La altisonante convocatoria realizada por este Gobierno al diálogo social no logró llegar a acuerdos de compromiso entre las condiciones laborales, la productividad de factores y la competitividad de las empresas, y no parece estar actualmente entre sus inquietudes insistir en lograr tales acuerdos, por lo que quedará como asignatura pendiente para la próxima Administración.
Lo mismo que cuanto ocurrió entre 1985 y 1991, los Consejos de Salarios dejaron sin espacio de funcionamiento a la negociación colectiva; el empoderamiento de los sectores sociales, si se quiere hacer de ellos reales motores del país productivo, requiere de una ley que regule su funcionamiento en forma bipartita y efectos jurídicos de sus acuerdos, y para eso es necesario que el Estado se repliegue y deje de intervenir para fijarle a cada trabajador su salario nominal y real.
La valoración de la excelencia queda en el mero discurso marketinero si no es correspondida con una retribución diferencial, una que reconozca que existen trabajos prestados en cantidad y calidad distintos por trabajadores que ocupan la misma función o categoría laboral. Por encima de salarios mínimos dignos que igualen a personas que están cumpliendo mismas tareas, en las mismas condiciones y cumpliendo los mismos requisitos, el empleador debiera estar en condiciones de fidelizar a empleados que aporten más valor agregado, mejor productividad y ganancias, y más pronta resolución de problemas, de pagar salarios más elevados, libre de reclamaciones económicas de otros que no están a su altura, y los mejores empleados debiéran recibirlos sin que tal premio fuera mirado como una discriminación. Una cultura laboral más propia de sector público y de falso igualitarismo ha predominado en nuestro país sobre otra que impera en el mundo competitivo, de buena justicia retributiva, entendida en su expresión más simple y tradicional, la de darle a cada uno lo que le corresponde.
Existe sobreoferta laboral en algunos puestos y demanda insatisfecha en otros, y en buena medida ello es debido a la ausencia de un sistema de formación profesional. Los jóvenes, particularmente los menos informados, ignoran qué ocupaciones les permitirán tener mejores chances de construir un futuro sustentable, y siguen siendo víctimas de un gobierno que descree de las tendencias que siguen inexorables leyes de mercado. El Estado no ha generado aún serios servicios de orientación laboral a que está obligado a prestar, ni logrado la articulación entre educación y trabajo, a través de un sistema de formación profesional. El próximo gobierno deberá cumplir este rol en articulación con parte del sector público y del privado, y encararlo como política de Estado.
Los jóvenes siguen teniendo sus chances seriamente discriminadas, el mercado de trabajo es poco permeable a un empuje competitivo que es propio de su edad y que les genera su ventaja de arranque, en consecuencia aceptan pagar un derecho de piso de precariedad e informalidad, un reconocimiento de “meritorios” que nada tiene que ver con el goce de sus derechos igualitarios frente a los adultos. Mucho se insiste en las desigualdades de género, cuando las más profundas fosas de oportunidades se encuentran entre los jóvenes y los adultos. El INJU se ha dormido y anquilosado, y el próximo gobierno debe restablecer sus aplazadas chances con políticas activas que valoren la competencia, la inserción formalizada y la aplicación de conocimientos técnicos y profesionales, en detrimento de la antigüedad, las “primas por presentismo” y otros inventos que los colocan siempre en las bases de las pirámides empresariales.
A medida que el problema de la cantidad de empleo pierde peso, pasa merecerlo cada vez más el de la calidad de empleo, problema que también es estructural. Las variaciones en el comportamiento del mercado pueden sintetizarse en cuatro dimensiones: nivel de empleo, nivel de desempleo, nivel de retribuciones reales, y calidad de empleo. Desde hace 5 años el país mejora en el nivel de empleo y retribuciones, que aumentó, y en el nivel de desempleo, que se redujo; son éxitos logrados por la sociedad y el Estado que a los batllistas mucho nos alegran y reconfortan. A despecho de lo que informan las autoridades y los registros administrativos del BPS, la cantidad de ocupados urbanos que tienen problemas de calidad de empleo, o sea subocupación o no registro ante los organismos previsionales, eran 500.000 en el primer trimestre de 2005 y siguen siéndolo en el último trimestre de 2007, lo que denota un lamentable fracaso. Una legislación concebida para regular trabajo de tiempo completo y urbano debe generar espacios para regular arreglos contractuales laborales atípicos pero igualmente lícitos, que sin rebajar derechos de trabajadores, permita la adecuación de necesidades y conveniencias más flexibles tanto de trabajadores como de empresas. Las atipicidades no serán el pretexto para informalizar la contratación de mano de obra, sino principalmente para atender condiciones diferentes que tienen los trabajadores en función de las etapas del ciclo de vida familiar por las que transitan, lo que los ayudará a conciliar el rol productivo (económico) con el reproductivo (biológico – demográfico).
Hay tres colectivos que siguen esperando una solución a sus respectivos subsistemas de seguridad social: son los comprendidos en la caja paraestatal bancaria, y las dos estatales policial y militar. El Partido necesita procesar una discusión sobre qué contenido quiere darle a la universalidad de la seguridad social, qué elementos del régimen del BPS propondrá extender sobre las prestaciones de pasividad y actividad de estos colectivos, libres de las telarañas ideológicas que han impedido al presente, actuar en congruencia con las críticas que emitió cuando era oposición.
No me extiendo sobre algunos presupuestos que hacen a la estructura del mercado de trabajo a largo plazo, como lo son la educación de la mano de obra, o la salud pública. Tal vez sólo merezca destaque expreso el aprendizaje que como sociedad política hemos interiorizado por la buena prédica del MEF —espero que para siempre—, acerca de que sin inversión económica permanente, terminamos generando a largo plazo sólo pobreza compartida de oportunidades laborales y retributivas.
La segunda pregunta es ¿qué objetivos debiera perseguir la política pública propuesta?
El primer macroobjetivo será generar la fe y convicción en que los ciudadanos de este país pueden realizar su proyecto de vida en este territorio y sociedad, y que podrán vivir dignamente de su trabajo si se esfuerzan para ello.
El segundo macroobjetivo será generar un nivel de entendimiento colectivo básico sobre las relaciones entre su trabajo (condiciones, retribuciones, organizaciones) y las instituciones políticas, económicas y sociales, definir límites perceptibles, ventajas, responsabilidades y riesgos entre por un lado la economía social de mercado basada en premisas capitalistas, y por otro las formas de organización de dirección colectiva basadas en premisas asociativas (cooperativas, sociedades mixtas), y otro nivel político de entendimiento acerca de qué méritos justifican y cuáles no, las diferencias de trato y condiciones entre los trabajadores privados y los del Estado, y las que tienen dentro del propio Estado según una pluralidad de organismos.
El tercer macroobjetivo será recrear una cultura del trabajo realmente asentada en derechos, deberes, obligaciones y garantías laborales, no dependientes de clientelismo partidario, sino asentadas en un Estado de Derecho.
El cuarto macroobjetivo -el más polémico desde el punto de vista ideológico- sería la democratización de los estamentos secundarios de la sociedad civil, cosa que hoy se reclama únicamente a los partidos políticos, y debiera extenderse también a todos los demás estamentos: asociaciones corporativas, organizaciones empresariales y sindicales.
a) Un crecimiento en la oferta y la demanda de mano de obra superior al 15% y un incremento en la masa salarial superior al 20%; es decir un salto en la escala sobre tamaño del mercado;
b) Diferenciación creciente del mercado laboral entre por un lado sectores modernos, casi todos vinculados con bienes y servicios transables, y por otro lado sectores informales y de baja competitividad. Las dotaciones y demandas de capital humano, las retribuciones pagadas y las reglas de funcionamiento tanto de relaciones colectivas como individuales son distintas.
c) Estancamiento de 500.000 trabajadores no insertos en la institucionalidad de protección social, fundamentalmente en el subsistema de seguridad social.
d) Surgimiento del movimiento sindical como operador de naturaleza más política que propiamente social.
e) Profundización de la negociación colectiva tanto en el ámbito privado como público, para la fijación de reglas de comportamiento en las relaciones laborales, con participación fuerte del Estado.
f) La extranjerización de medios de producción: ocurrió en una proporción no precisada pero, sin duda elevada del recurso tierra, y en empresas privadas de variada gama de actividades competitivas (frigoríficos, lechería, aceites, producción de madera, servicios portuarios, distribución de combustibles, etc.), lo que pone en riesgo la adecuación de las decisiones al interés nacional y a la estabilidad del empleo.
La primera pregunta es: ¿qué propuestas puede aportar el Partido Colorado a la sociedad civil, ante el estado de cosas cambiadas por esta administración frenteamplista? A) Algunas propuestas pasan por dar continuidad a políticas públicas ya tradicionales en el país, provenientes de administraciones superiores, o de continuar políticas iniciadas y/o mejoradas por este Gobierno. B) Otras políticas pasan por cambiar el rumbo y acentuación de la emprendida por este Gobierno. C) Otras debieran estar dirigidas a generar institucionalidad pública para dar mejor y más innovadora respuesta a problemas que hace años se vienen aplazando y representan frenos a la modernidad laboral.
A) El próximo gobierno debe, en primer lugar, continuar políticas públicas tradicionales de largo plazo, instauradas desde antes de este Gobierno: intervenir terciando en conflictos laborales, procurando autocomponer los litigios individuales y colectivos, a fin de promover el diálogo social y evitar la comisión de abusos, justicia por mano propia y el clima conspirativo contra la paz. Debe, además, ser factor compensatorio de oportunidades laborales frente a colectivos con desventajas notorias de inserción laboral exitosa: minusválidos, incapaces, excarcelados y carentes de instrucción formal. Debe invertir recursos en formación profesional y orientación laboral de personas desplazadas del mercado por cambio tecnológico u organizacional, o que están en grave peligro de ser desplazados. Y debe ejercer la policía del trabajo, a fin de hacer cumplir la legislación nacional e internacional sobre trabajo y seguridad social, aprobada por el Parlamento Nacional.
El efecto empleo ha sido tradicionalmente ponderado como factor de promoción del estímulo a las inversiones, pero en la práctica el Estado, ávido de impulsar cualquier inversión no especulativa, no ha sido selectivo en priorizar la recepción de aquéllas que respondan a un modelo predefinido de país. Dada la limitación de su potencial de producción, su carácter de tomador de precios internacionales y del bajo aprovechamiento de las economías de escala, se propone que el Estado ejerza el rol indicador de su política de promociones con la claridad suficiente como para que el capital humano, y no sólo el capital financiero, haga sus apuestas. Si nos convertimos o no en país sojero, no sólo procuremos alentar a los productores argentinos a plantar, capacitemos a nuestros jóvenes para aplicar procesos de transformación y conservación de vegetales, y estimulemos a nuestros empresarios para que inviertan en esta industria; si nos hemos convertido en productor de madera, profundicemos el desarrollo de la industria de los productos maderables. Si la producción cultural y los servicios informáticos tienen demanda regional auspiciosa, mantengamos o, aún, reforcemos su promoción; si la insuficiencia de energía es un cuello de botella serio para el desarrollo nacional, abramos el mercado de la generación y distribución, de tal forma que no sean sólo la UTE, la URSEA y la Dirección de Energía, sino que las oportunidades estén abiertas a quienes están en condiciones de apostar a profesionalizarse en esta área; y, en general, se prioricen actividades que aportan valor agregado y mano de obra capacitada para la generación de bienes y servicios transables con mayor aplicación de conocimiento.
El próximo gobierno deberá continuar alguna política en materia laboral iniciada por este gobierno: promover la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores de las actividades económicas rurales, a fin de llamarlos al mismo protagonismo en pie de igualdad que aquél que tienen las asociaciones profesionales de actividades económicas urbanas.
Deberá, además, continuar políticas laborales con antecedentes en administraciones pasadas, pero mejoradas en la presente: extender la ayuda económica asistencialista o subsidio prestado a las familias numerosas, complementando los ingresos provenientes de retribuciones laborales (asignaciones familiares); generar instancias de negociación real entre el empleador Estado y las organizaciones representativas de empleados públicos. Efectuar la reglamentación de derechos fundamentales en colisión (huelga, trabajo, propiedad, libertad de comercio e industria) confiriendo mayor certeza jurídica, aunque no sea del agrado de todos y a riesgo de tener que diferenciar situaciones semejantes. Debe, por fin, favorecer la inmigración laboral con los instrumentos jurídicos recientemente dictados, pero sólo si está en condiciones de aplicar eficazmente la condición suspensiva de la reciprocidad de trato laboral de nuestros connacionales en el extranjero, si no, no.
B) Otras políticas habrán de ser modificativas de las implantadas por este Gobierno. Al reimplantar el funcionamiento de los Consejos de Salarios, éstos han sobrepasado las funciones legalmente atribuidas (fijación de salarios mínimos por categoría y solución de conflictos); la aplicación de la ley de DINACOPRIN hecha por este gobierno fue dirigida a la fijación de salarios mínimos, de actualización de salarios nominales y de fijación de salarios reales, de acuerdo con una política rígidamente dirigista en materia económica, que se encabalga en la cresta de la ola de un ciclo económico expansivo. El resultado es que tales Consejos, una vez más, como ocurrió entre 1985 y 1991, suprimieron espacios de negociación colectiva sustentadas en productividad del trabajo, capacidad de pago diferenciada por tamaño de empresa y posición de ésta en el mercado. La política salarial del batllismo debe seguir inspirándose en la máxima socialdemócrata “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Su corolario será el empleo de la institucionalidad de Consejos de Salarios y de las potestades dirigistas del Poder Ejecutivo en esta materia, para la fijación de salarios mínimos por grandes categorías de trabajadores, diferenciados por sector de actividad económica, dejando la actualización de salarios nominales y reales fijados por encima de aquellos mínimos, como materia de negociación bipartita en aplicación de una ley regulatoria de este instituto de derecho colectivo.
Se propone que el fundamento ideológico del principio de subsidiariedad del Estado sea aplicado para expandir las libertades individuales, particularmente las económicas. En aplicación de este apotegma, los espacios de libertad deben ser preservados de tal modo que los agentes económicos reduzcan el grado de dependencia e inseguridad provenientes de una actuación desmesurada del Estado. En este sentido, el rol del Estado debe ser más activo o pasivo en función del grado de estructuración del mercado de trabajo (formal vs. informal), de la atomización o concentración sectorial, y de la capacidad de organización de los trabajadores y empleadores. Así debe ser más activo en aquéllos donde existe mayor informalidad y desprotección de seguridad social, donde los servicios están atomizados en una miríada de pequeñas empresas, y donde el tamaño de las unidades económicas dificultan las asociaciones empresariales y de la organización sindical. Por el contrario, en los sectores mejores estructurados y formalizados, con organizaciones profesionales dotadas de alta representatividad, el rol estatal será secundario. No obstante, reservará su intervención cuando operen monopolios legales o naturales, o condiciones bajo las cuales opere una empresa de posición dominante.
Hemos escuchado de este Gobierno que su política es la de crecer distribuyendo y distribuir creciendo; hemos visto la primera, no hemos visto la segunda. Todos los mecanismos creados protegen el salario real o el empleo, pero no prevén procedimientos de ajuste en el salario ni en el empleo a la baja en caso de recesión, con lo cual no se advierte la resolución de un problema de acaecimiento inevitable, atento a nuestra condición de tomadores de precios internacionales. Ello ha sido, en parte, porque se ha priorizado el ataque a la pobreza y a salarios originalmente bajos, pero también porque se ignora qué hacer o política a seguir cuando decrezca el ritmo, eso se mira como problema del próximo ministro. El único empleo de permanencia garantizada será la de los dirigentes sindicales, o sea el de los socio-clientes. Precisamente para estos fines es que los países occidentales se dieron legislaciones que permiten prever flexibilizaciones organizativas en el nivel de empleo y en el nivel de retribuciones, vinculadas a la actividad económica sectorial o nacional. El Partido que hace un siglo innovó en derecho individual del trabajo, debe innovar en instrumentos de derecho colectivo existentes en otras latitudes, creados para impulsar la competitividad de la mano de obra y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, tanto en ciclos de expansión como de estancamiento económico.
No resulta un secreto que la máxima dirigencia sindical guarda predilección por la actual coalición frenteamplista, pues hasta ha expresado públicamente que militará por su reelección. Ello también amerita tomar como dato de la realidad una poco merecida antipatía hacia nuestro Partido, y sobre el cual es necesario definir un posicionamiento político e ideológico. Existe una batalla a dar sobre la opinión pública y sobre los sindicatos de base, para la cual se propone la generación de una estrategia basada en compromisos explícitos y en una búsqueda de alianzas políticas: por un lado, el compromiso de mantener y aplicar la nueva legislación sobre protección sindical y continuar con la política de negociación colectiva del Estado como empleador. Por el otro, volver a darle el rol al sistema de partidos para que defina reglas de desempate en los conflictos laborales. Se ha terminado de demostrar ante la opinión pública y ante la ideología de nuestros oponentes (sea por los actos de ocupación de plantas físicas, por los perjuicios causados en Montevideo por empleados municipales, por la violencia desatada entre trabajadores de una misma empresa y por las sentencias judiciales dictadas a instancias privadas), que el derecho de huelga tiene límites determinados por los derechos del trabajo y de la propiedad. Es hora de que los legisladores se pongan de acuerdo en mayorías que aprueben su regulación, de acuerdo a un mandato que se retrotrae a la Constitución de 1934.
El Partido haría mal en darle al sindicalismo el trato de adversario, pues desde el Gobierno tendrá tanta necesidad de él, como lo tendrán los trabajadores de la administración. El combate a la informalidad laboral, la reducción de la siniestralidad laboral y hasta la del tabaquismo, la aprobación de planes de financiación al empleo incentivado y a la inclusión de trabajadores pobres en condiciones dignas, así como una vasta pluralidad de objetivos sociales y económicos, hace tanto del sector sindical como del empresarial socios insustituibles, y de ello no solo da testimonio la literatura de la OIT, sino la evaluación de la política pública seguida cuando nuestro Partido tuvo la responsabilidad de ejercer el MTSS. Ello, sin detrimento de canalizar la resolución de los conflictos sociales mediante el diálogo social, pero también de redireccionar la resolución de los conflictos políticos sobre el sistema de partidos: que luego sean los dirigentes políticos que asuman las tesituras de sus propias bases sindicales, si así lo quieren hacer.
C) Políticas dirigidas a generar institucionalidad pública para dar mejor y más innovadora respuesta a problemas irresueltos y que representan frenos a la modernidad laboral.
En un país en el que sólo invierten las empresas grandes y trasnacionales o las de cualquier origen dedicadas a la actividad agropecuaria, resulta necesario generar políticas reales y efectivas para la inversión en pequeñas y medianas empresas nacionales, que en este país son de origen y naturaleza familiar, y de cuya clase media provienen los miles de jóvenes que siguen yéndose del país. La inestabilidad sobre la propia existencia de las empresas familiares conspira contra cualquier proyecto de vida social previsible e, indirectamente, sobre la estabilidad de la familia en tanto célula de la organización social. La política de empleo se compone fuertemente de una promoción a la pequeña y mediana empresa que ahora, disipado el problema del endeudamiento externo a corto plazo, es posible volver a impulsar.
El derecho laboral no está cumpliendo eficazmente su rol de asignador de derechos y de deberes en forma clara y medianamente previsible: donde todo es negociable y nada es fijo, el más fuerte termina imponiendo su voluntad, sea éste en unos casos el gobierno, en otros el empleador o el sindicato, como ha sido posible ver en varias ocasiones. Si el gobierno permite la ocupación obrera de empresas privadas pero reprime la efectuada en una empresa pública, si los trabajadores agremiados son preferidos por el gobierno al grado de privar espacios de actividad a los trabajadores que no desean ser afiliados, si la mayoría de los trabajadores privados deben esforzarse mucho para ganar dos tercios o tres cuartos de lo que ganan con mucho menos esfuerzo los trabajadores públicos, si unos tienen sus facultades “políticas” definidas en los límites de la fijación de salarios cuando otros carecen casi completamente de derechos y otros tienen hasta potestades de cogobierno de organizaciones públicas (verbigracia, la Universidad), las reglas de funcionamiento resultan injustas y hasta ponen en cuestionamiento el tipo de sistema económico predominante (¿estamos en un sistema de mercado, en uno nacional corporativo, en uno socialista? Si donde la regla de derecho dice marrón, cada operador del derecho interpreta que dice el gris de su preferencia, el derecho no cumple su rol de atribución de efectos jurídicos y certezas en las relaciones de trabajo. Como no es posible la autorregulación contractual en todos los campos, las normas etáticas y de orden público deben dejar de ser deliberadamente dictadas en forma ambigua, y deben indicar quién tiene derecho a hacer qué, en qué circunstancias y con qué consecuencias.
A pesar de que en estos últimos tres años los trabajadores uruguayos recuperamos salario real del que padecimos durante la peor crisis económica, todavía estamos en un nivel de mitad del que percibíamos en 1971. Se requiere más de un período de gobierno y políticas de Estado persistentes en materia de competitividad de factores para recuperar semejante caída. La altisonante convocatoria realizada por este Gobierno al diálogo social no logró llegar a acuerdos de compromiso entre las condiciones laborales, la productividad de factores y la competitividad de las empresas, y no parece estar actualmente entre sus inquietudes insistir en lograr tales acuerdos, por lo que quedará como asignatura pendiente para la próxima Administración.
Lo mismo que cuanto ocurrió entre 1985 y 1991, los Consejos de Salarios dejaron sin espacio de funcionamiento a la negociación colectiva; el empoderamiento de los sectores sociales, si se quiere hacer de ellos reales motores del país productivo, requiere de una ley que regule su funcionamiento en forma bipartita y efectos jurídicos de sus acuerdos, y para eso es necesario que el Estado se repliegue y deje de intervenir para fijarle a cada trabajador su salario nominal y real.
La valoración de la excelencia queda en el mero discurso marketinero si no es correspondida con una retribución diferencial, una que reconozca que existen trabajos prestados en cantidad y calidad distintos por trabajadores que ocupan la misma función o categoría laboral. Por encima de salarios mínimos dignos que igualen a personas que están cumpliendo mismas tareas, en las mismas condiciones y cumpliendo los mismos requisitos, el empleador debiera estar en condiciones de fidelizar a empleados que aporten más valor agregado, mejor productividad y ganancias, y más pronta resolución de problemas, de pagar salarios más elevados, libre de reclamaciones económicas de otros que no están a su altura, y los mejores empleados debiéran recibirlos sin que tal premio fuera mirado como una discriminación. Una cultura laboral más propia de sector público y de falso igualitarismo ha predominado en nuestro país sobre otra que impera en el mundo competitivo, de buena justicia retributiva, entendida en su expresión más simple y tradicional, la de darle a cada uno lo que le corresponde.
Existe sobreoferta laboral en algunos puestos y demanda insatisfecha en otros, y en buena medida ello es debido a la ausencia de un sistema de formación profesional. Los jóvenes, particularmente los menos informados, ignoran qué ocupaciones les permitirán tener mejores chances de construir un futuro sustentable, y siguen siendo víctimas de un gobierno que descree de las tendencias que siguen inexorables leyes de mercado. El Estado no ha generado aún serios servicios de orientación laboral a que está obligado a prestar, ni logrado la articulación entre educación y trabajo, a través de un sistema de formación profesional. El próximo gobierno deberá cumplir este rol en articulación con parte del sector público y del privado, y encararlo como política de Estado.
Los jóvenes siguen teniendo sus chances seriamente discriminadas, el mercado de trabajo es poco permeable a un empuje competitivo que es propio de su edad y que les genera su ventaja de arranque, en consecuencia aceptan pagar un derecho de piso de precariedad e informalidad, un reconocimiento de “meritorios” que nada tiene que ver con el goce de sus derechos igualitarios frente a los adultos. Mucho se insiste en las desigualdades de género, cuando las más profundas fosas de oportunidades se encuentran entre los jóvenes y los adultos. El INJU se ha dormido y anquilosado, y el próximo gobierno debe restablecer sus aplazadas chances con políticas activas que valoren la competencia, la inserción formalizada y la aplicación de conocimientos técnicos y profesionales, en detrimento de la antigüedad, las “primas por presentismo” y otros inventos que los colocan siempre en las bases de las pirámides empresariales.
A medida que el problema de la cantidad de empleo pierde peso, pasa merecerlo cada vez más el de la calidad de empleo, problema que también es estructural. Las variaciones en el comportamiento del mercado pueden sintetizarse en cuatro dimensiones: nivel de empleo, nivel de desempleo, nivel de retribuciones reales, y calidad de empleo. Desde hace 5 años el país mejora en el nivel de empleo y retribuciones, que aumentó, y en el nivel de desempleo, que se redujo; son éxitos logrados por la sociedad y el Estado que a los batllistas mucho nos alegran y reconfortan. A despecho de lo que informan las autoridades y los registros administrativos del BPS, la cantidad de ocupados urbanos que tienen problemas de calidad de empleo, o sea subocupación o no registro ante los organismos previsionales, eran 500.000 en el primer trimestre de 2005 y siguen siéndolo en el último trimestre de 2007, lo que denota un lamentable fracaso. Una legislación concebida para regular trabajo de tiempo completo y urbano debe generar espacios para regular arreglos contractuales laborales atípicos pero igualmente lícitos, que sin rebajar derechos de trabajadores, permita la adecuación de necesidades y conveniencias más flexibles tanto de trabajadores como de empresas. Las atipicidades no serán el pretexto para informalizar la contratación de mano de obra, sino principalmente para atender condiciones diferentes que tienen los trabajadores en función de las etapas del ciclo de vida familiar por las que transitan, lo que los ayudará a conciliar el rol productivo (económico) con el reproductivo (biológico – demográfico).
Hay tres colectivos que siguen esperando una solución a sus respectivos subsistemas de seguridad social: son los comprendidos en la caja paraestatal bancaria, y las dos estatales policial y militar. El Partido necesita procesar una discusión sobre qué contenido quiere darle a la universalidad de la seguridad social, qué elementos del régimen del BPS propondrá extender sobre las prestaciones de pasividad y actividad de estos colectivos, libres de las telarañas ideológicas que han impedido al presente, actuar en congruencia con las críticas que emitió cuando era oposición.
No me extiendo sobre algunos presupuestos que hacen a la estructura del mercado de trabajo a largo plazo, como lo son la educación de la mano de obra, o la salud pública. Tal vez sólo merezca destaque expreso el aprendizaje que como sociedad política hemos interiorizado por la buena prédica del MEF —espero que para siempre—, acerca de que sin inversión económica permanente, terminamos generando a largo plazo sólo pobreza compartida de oportunidades laborales y retributivas.
La segunda pregunta es ¿qué objetivos debiera perseguir la política pública propuesta?
El primer macroobjetivo será generar la fe y convicción en que los ciudadanos de este país pueden realizar su proyecto de vida en este territorio y sociedad, y que podrán vivir dignamente de su trabajo si se esfuerzan para ello.
El segundo macroobjetivo será generar un nivel de entendimiento colectivo básico sobre las relaciones entre su trabajo (condiciones, retribuciones, organizaciones) y las instituciones políticas, económicas y sociales, definir límites perceptibles, ventajas, responsabilidades y riesgos entre por un lado la economía social de mercado basada en premisas capitalistas, y por otro las formas de organización de dirección colectiva basadas en premisas asociativas (cooperativas, sociedades mixtas), y otro nivel político de entendimiento acerca de qué méritos justifican y cuáles no, las diferencias de trato y condiciones entre los trabajadores privados y los del Estado, y las que tienen dentro del propio Estado según una pluralidad de organismos.
El tercer macroobjetivo será recrear una cultura del trabajo realmente asentada en derechos, deberes, obligaciones y garantías laborales, no dependientes de clientelismo partidario, sino asentadas en un Estado de Derecho.
El cuarto macroobjetivo -el más polémico desde el punto de vista ideológico- sería la democratización de los estamentos secundarios de la sociedad civil, cosa que hoy se reclama únicamente a los partidos políticos, y debiera extenderse también a todos los demás estamentos: asociaciones corporativas, organizaciones empresariales y sindicales.
